La presentación penal apunta contra la ministra de Seguridad y el comisario inspector Gustavo Gauna por el operativo del 6 de agosto. Investiga posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales. Además, busca determinar quién autorizó la presencia de policías de civil armados, qué órdenes recibieron y quién estuvo a cargo del operativo.
El operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó formalmente bajo investigación judicial.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gustavo Antonio Gauna, a quienes pidió investigar por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada del 6 de agosto.
La presentación no se limita a la actuación de los dos funcionarios señalados. También alcanza a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.
Uno de los principales elementos incorporados a la denuncia son las imágenes en las que, según sostiene Dalbón, Gauna aparece vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.
“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación.
A partir de esas imágenes, la denuncia reclama determinar qué arma utilizó el funcionario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, qué función tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba. También solicita que Gauna sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.
Pero el planteo va más allá de establecer qué hizo el comisario. La Justicia deberá determinar si la presencia de personal policial armado y vestido de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades políticas y policiales o si, por el contrario, se trató de una actuación individual que excedió las órdenes recibidas.
Un operativo con 820 efectivos y denuncias de agresiones
De acuerdo con la denuncia, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
La presentación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que, con el correr de la jornada, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes.
El dispositivo incluyó, según se describe en el escrito, gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos de personas.
Uno de los puntos centrales de la denuncia son las agresiones denunciadas por trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo la movilización.
“Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesional”, afirma el escrito.
Entre las personas lesionadas, la presentación menciona a una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes y señala que también fueron difundidos registros de otros trabajadores de prensa que habrían recibido impactos de proyectiles.
Para el denunciante, la cantidad de registros audiovisuales disponibles permite poner bajo análisis una secuencia de intervenciones policiales y no simplemente un episodio aislado.
“La multiplicidad de registros resulta significativa porque permite advertir que no se trató de un único episodio aislado, sino de una secuencia prolongada de intervenciones policiales”, sostiene.
Monteoliva, bajo la lupa por la responsabilidad política del operativo
La denuncia también pone el foco sobre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El argumento es que, como máxima autoridad política de la cartera de la que dependen las fuerzas federales involucradas, su actuación debe ser investigada en relación con las decisiones adoptadas antes, durante y después del operativo.
La presentación aclara que esto no implica atribuirle automáticamente responsabilidad penal por cualquier conducta cometida por un integrante de las fuerzas.
Sin embargo, sostiene que su posición institucional resulta relevante porque la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 atribuye al Ministerio de Seguridad, por delegación del Presidente de la Nación, la conducción política del esfuerzo nacional de policía.
Por eso, una de las cuestiones centrales que deberá esclarecer la investigación es si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron directivas incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza.
Y hay una pregunta que atraviesa toda la presentación: ¿quién autorizó a los policías de civil?
La pregunta central: ¿quién ordenó que hubiera policías armados de civil?
La denuncia busca establecer si la participación de personal vestido de civil estaba contemplada dentro del dispositivo de seguridad y, en ese caso, quién la autorizó y bajo qué normativa.
El planteo solicita al Ministerio de Seguridad que informe expresamente si esa modalidad estaba prevista, cuál era su finalidad y si esos agentes estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la manifestación.
Respecto de Gauna, se pide a la Policía Federal que informe si estaba afectado al operativo, cuál era su función, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación.
También solicita conocer si tenía asignada un arma de fuego y, en ese caso, qué arma era, su calibre, número de serie, cantidad de munición entregada y registros de eventuales disparos efectuados durante la jornada.
Esos datos resultan centrales para establecer si la presencia de efectivos armados de civil respondió a una decisión institucional o a una conducta individual.
El uso de armas de fuego, bajo investigación
La presentación invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.
Según la denuncia, la normativa establece que las armas deben utilizarse únicamente cuando resulte estrictamente necesario y que las armas de fuego sólo pueden emplearse cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y bajo determinadas circunstancias.
Por eso, si se confirma que Gauna utilizó un arma de fuego mientras se encontraba vestido de civil y sin identificarse como funcionario, la investigación deberá establecer si su actuación se encontraba comprendida dentro de las excepciones previstas por la reglamentación.
La propia presentación evita plantear que el solo hecho de vestir de civil convierta automáticamente la actuación en ilegal.
“No se trata aquí de sostener que la sola utilización de vestimenta civil torne ilícito el accionar, sino de establecer si, al momento de recurrir al arma, se cumplieron las condiciones sustantivas y formales exigidas por la normativa que regula el empleo de la fuerza”, aclara el escrito.
Qué delitos se investigan
La denuncia plantea, en principio, la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal.
También menciona posibles vejaciones y/o apremios ilegales, contemplados en el artículo 144 bis, inciso 2°, y plantea eventualmente la aplicación del artículo 249, referido al funcionario que ilegalmente omite, rehúsa hacer o retarda un acto propio de su función.
El denunciante sostiene que la investigación deberá determinar si las órdenes impartidas durante el operativo fueron legales y si los efectivos actuaron dentro de los límites de sus funciones.
“La existencia de una orden superior no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto ejecutado en su cumplimiento”, advierte el escrito.
Piden cámaras, órdenes, armas y comunicaciones
Para reconstruir qué ocurrió durante el operativo, la denuncia solicita una amplia batería de medidas de prueba.
Entre ellas, reclama que el Ministerio de Seguridad entregue el operativo completo, sus anexos, modificaciones, órdenes complementarias e instrucciones, además de identificar a los funcionarios que participaron de su elaboración, aprobación, coordinación y supervisión.
También pide a la Policía Federal todos los registros audiovisuales del operativo, incluidas las cámaras corporales, las instaladas en vehículos y los registros de los centros de monitoreo.
A su vez, solicita las cámaras de seguridad del Congreso y los archivos originales de fotografías y videos de medios de comunicación, con especial atención a las imágenes que permitan reconstruir la actuación de Gauna y de otros efectivos de civil armados.
La denuncia también propone tomar declaración testimonial a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y otras personas que hayan presenciado los hechos.
El objetivo es reconstruir no sólo qué ocurrió en las calles, sino también qué órdenes se impartieron, quién las impartió y hasta dónde llegaron las responsabilidades de la cadena de mando.
Piden indagar a Monteoliva y Gauna
Como medida final, Dalbón solicitó que Alejandra Monteoliva y Gustavo Antonio Gauna sean citados a prestar declaración indagatoria.
El pedido figura expresamente en el petitorio de la denuncia, junto con la solicitud de producir las distintas medidas de prueba propuestas.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron delitos, quiénes fueron responsables y, especialmente, si las acciones denunciadas respondieron a decisiones individuales de efectivos policiales o formaron parte de un dispositivo de seguridad diseñado, autorizado y supervisado por las autoridades políticas y policiales.