La provincia de Buenos Aires intimó a Mercado Libre y Mercado Pago para que modifiquen una serie de cláusulas consideradas abusivas en sus contratos de adhesión. Según informó el gobierno de Axel Kicillof, las disposiciones detectadas vulneran derechos contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor y, de no ser corregidas, podrían derivar en sanciones que alcanzarían los 1.815 millones de pesos.
La empresa fundada por Marcos Galperín cuenta con cinco días hábiles para responder al requerimiento. Durante ese plazo podrá presentar descargos o adoptar medidas correctivas, tal como ocurrió anteriormente con otras compañías que atravesaron situaciones similares.
La fiscalización realizada por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectó múltiples prácticas que, según la administración bonaerense, favorecen de manera desproporcionada a la empresa en detrimento de los usuarios.
Entre las observaciones formuladas por la Provincia figuran cláusulas que permiten modificar unilateralmente términos y condiciones, cobrar tarifas sin detallar previamente montos o criterios de aplicación, deslindar responsabilidades ante fraudes o fallas de seguridad, y utilizar fondos de cuentas vinculadas para saldar deudas atribuidas a terceros.
También se cuestionan disposiciones que habilitarían a Mercado Pago a descontar cuotas de préstamos de cuentas consideradas “relacionadas”, aun cuando sus titulares no hayan firmado el contrato original, así como la obligación de litigar exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, limitando el derecho de los consumidores a reclamar en su jurisdicción de residencia.
Las autoridades bonaerenses sostienen que estas prácticas contradicen el artículo 37 de la Ley 24.240, que considera inválidas las cláusulas que restrinjan derechos de los consumidores, amplíen de manera excesiva los derechos de la empresa o alteren las reglas probatorias en perjuicio de los usuarios.
El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, explicó que la intimación forma parte de una revisión permanente de contratos de grandes compañías que operan en la provincia. Según detalló, el procedimiento no constituye una sanción, sino una instancia previa que permite a la empresa corregir las irregularidades detectadas.
La situación adquiere especial relevancia debido a que Mercado Libre encabeza actualmente el ranking de denuncias presentadas por consumidores ante organismos provinciales. Sólo durante el primer cuatrimestre de 2026, la compañía acumuló cerca de 2.400 reclamos vinculados principalmente a presuntos fraudes, problemas en operaciones comerciales, dificultades para obtener devoluciones y obstáculos para ejercer el derecho de arrepentimiento.
Desde el gobierno bonaerense remarcaron que la medida no responde a diferencias políticas con Galperín ni con la empresa, sino al cumplimiento de las normas de protección al consumidor. Como antecedente, recordaron que otras firmas, entre ellas Netflix, modificaron cláusulas observadas por la Provincia sin que se aplicaran multas, mientras que compañías que mantuvieron conductas consideradas irregulares sí fueron sancionadas.