La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una serie de pedidos de informes impulsados por bloques opositores, entre ellos Fuera por Buenos Aires, para exigirle al gobierno de Jorge Macri precisiones sobre las políticas de asistencia social, acceso a la vivienda y atención a personas en situación de calle.
Las iniciativas apuntan a conocer cómo funciona el sistema de contención del Gobierno porteño, qué tan confiables son los relevamientos oficiales y qué ocurre con quienes pierden su vivienda tras un desalojo. El debate se da en un contexto marcado por el crecimiento visible de personas durmiendo en la vía pública y por cuestionamientos opositores sobre la reducción de recursos destinados a programas sociales.
Los cuatro pedidos aprobados abarcan distintas áreas de una problemática que viene profundizándose en los barrios porteños: el aumento de la población en situación de calle, el funcionamiento de los centros de alojamiento transitorio, el alcance de los operativos de asistencia y las consecuencias sociales de los desalojos.
Uno de los informes solicita detalles sobre el Relevamiento de Personas en Situación de Calle (REPSIC), realizado en el marco de la Ley 3.706. Los legisladores reclaman información sobre la metodología utilizada, criterios de medición, cobertura territorial, personal afectado y presupuesto destinado al operativo. También buscan saber si participaron universidades u organizaciones sociales y si existieron auditorías posteriores.
El eje de ese planteo apunta a una discusión que se repite desde hace años: si las cifras oficiales reflejan realmente la magnitud del fenómeno o si existe un subregistro de personas sin hogar en la Ciudad.
Otro de los pedidos se concentra en los Centros de Inclusión Social (CIS), los dispositivos destinados al alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Allí se solicita información sobre la cantidad de centros actualmente operativos, su modalidad de gestión —directa o tercerizada—, número de plazas disponibles y perfiles de la población alojada.
Además, los legisladores pidieron precisiones sobre las actividades que se desarrollan dentro de esos espacios, la capacitación del personal, los mecanismos de atención sanitaria y la implementación de las denominadas “Casas Familia”.
El tercer informe apunta al programa Red de Atención, sucesor del histórico Buenos Aires Presente (BAP), que trabaja mediante equipos móviles y la línea 108. La oposición busca conocer cuántos trabajadores y vehículos están asignados al programa, cómo funcionan los Dispositivos de Primer Acercamiento (DIPA) y si existen planes para ampliar la cobertura territorial.
Uno de los puntos más sensibles del pedido está vinculado al presupuesto previsto para 2026. Los legisladores exigen explicaciones sobre la reducción de partidas destinadas al programa en medio de un escenario donde la cantidad de personas en situación de calle continúa creciendo y sin que las metas de asistencia hayan sido actualizadas.
El cuarto requerimiento pone el foco en el impacto de los desalojos y en las respuestas estatales frente a las familias afectadas. La Legislatura busca reconstruir qué sucede antes, durante y después de esos operativos, incluyendo la intervención de organismos públicos, la asistencia brindada y las soluciones habitacionales ofrecidas posteriormente.
También se consulta si el Gobierno porteño cuenta con mecanismos de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo habitacional y con sistemas integrados de seguimiento para evitar que las personas desalojadas terminen viviendo en la calle.
Los pedidos de informes llegan en medio de una creciente tensión política entre la oposición y el Ejecutivo porteño por el manejo de la problemática habitacional. En las últimas semanas, la Legislatura conformó una Comisión de Violencia Institucional con competencia específica sobre desalojos, luego de fuertes cuestionamientos a distintos operativos realizados en la Ciudad.
Uno de los episodios que profundizó el conflicto fue el operativo llevado adelante en Parque Chas, donde legisladores opositores denunciaron irregularidades y cuestionaron la presencia de familias con menores durante el procedimiento. El hecho derivó en un cruce público entre referentes opositores y el propio Jorge Macri.
Con los informes aprobados este jueves, la Legislatura amplió el control parlamentario sobre todo el sistema de asistencia social porteño, desde los relevamientos oficiales hasta las políticas habitacionales aplicadas tras los desalojos. El Gobierno de la Ciudad deberá responder dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, en un debate que suma cada vez más tensión política y social.