La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley de Educación Digital Integral (EDI), que incorpora contenidos obligatorios sobre inteligencia artificial, ciudadanía digital, privacidad y prevención de las violencias en línea en todos los niveles educativos, tanto en establecimientos públicos como privados. La Libertad Avanza fue el único bloque que no acompañó la iniciativa y se abstuvo en la votación.
La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos, 13 abstenciones y ningún voto negativo. El proyecto fue impulsado por María Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e integrante del bloque Fuerza por Buenos Aires, y contó también con aportes del PRO y la UCR.
La nueva legislación establece que las escuelas deberán incorporar herramientas pedagógicas para promover un uso responsable, ético y crítico de las tecnologías. Entre los contenidos previstos se encuentran la ciudadanía digital, la protección de datos personales, el funcionamiento de los algoritmos, la desinformación, las apuestas en línea y el bienestar digital.
Uno de los ejes centrales es la prevención de las distintas formas de violencia digital. La ley contempla herramientas para identificar y abordar situaciones de grooming, ciberacoso, violencia de género digital y difusión de imágenes sin consentimiento.
Inteligencia artificial y educación
La normativa también establece criterios para la incorporación de inteligencia artificial en las aulas. Su utilización deberá responder a objetivos pedagógicos y respetar principios de privacidad, transparencia, accesibilidad y protección de los datos personales.
El Ministerio de Educación porteño será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo determinar qué sistemas de inteligencia artificial podrán utilizarse en las escuelas. También deberá elaborar protocolos para informar a estudiantes y familias sobre su implementación y monitorear el impacto de estas herramientas en los procesos educativos.
Referentes digitales en todas las escuelas
Otro de los puntos centrales es la incorporación de referentes pedagógicos digitales en las instituciones de nivel primario y secundario, tanto públicas como privadas. En los establecimientos estatales, esta función estará a cargo de los Facilitadores Pedagógicos Digitales (FPD).
Quienes desempeñen esa tarea deberán contar con título docente o formación pedagógica y capacitación específica en educación digital.
Además, se prevé la participación de estudiantes promotores para fomentar el intercambio de conocimientos entre pares y la realización de talleres destinados a las familias, con el objetivo de brindar herramientas para comprender el funcionamiento de los algoritmos y los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes.
El desafío de garantizar los recursos
Aunque la ley establece nuevas obligaciones para el sistema educativo porteño, no contempla partidas presupuestarias específicas para financiar su implementación.
En ese sentido, quienes actualmente realizan tareas de facilitación digital tendrán un plazo de tres años para acreditar la formación requerida, mientras que el Gobierno de la Ciudad dispondrá de dos años para completar la dotación de referentes prevista en las escuelas públicas.
La normativa también establece la obligación de garantizar conectividad y equipamiento tecnológico en todos los establecimientos, un objetivo cuya concreción dependerá de los recursos que destine la gestión de Jorge Macri.
De esta manera, la Ciudad incorpora un marco normativo para abordar los desafíos educativos de la era digital. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de que el Gobierno porteño garantice el personal, la infraestructura y el financiamiento necesarios para que las nuevas disposiciones no queden solamente en el papel.