Un juzgado de La Plata hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia y frenó el proceso impulsado por el Gobierno nacional. El fallo advierte sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, las inversiones en infraestructura y la protección ambiental.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender el avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas públicas incluidas por el Gobierno de Javier Milei en su plan de transferencias al sector privado.
La medida fue dictada por el juez Mariano López, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. En su resolución, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para analizar si la privatización podría afectar derechos fundamentales relacionados con el acceso al agua potable, el saneamiento y la protección del ambiente.
Como parte de la decisión, el juez ordenó que AySA mantenga sin modificaciones sus obligaciones de prestación del servicio, ejecución de obras, mantenimiento e inversiones en los 26 municipios de la provincia de Buenos Aires donde opera actualmente, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La presentación judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, encabezada por Guido Lorenzino, que advirtió sobre las posibles consecuencias del nuevo esquema de concesión diseñado por el Gobierno nacional.
Según el organismo, el proceso de privatización no garantizaría adecuadamente aspectos esenciales como la expansión de las redes de agua y cloacas, el mantenimiento de la infraestructura, las obras de saneamiento, la remediación ambiental y la continuidad de un servicio considerado indispensable para la población.
En ese sentido, la Defensoría sostuvo que existe el riesgo de que se flexibilicen las exigencias regulatorias y se posterguen inversiones estratégicas necesarias para asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento.
Al analizar el planteo, el juez López señaló que el esquema propuesto por el Poder Ejecutivo no incorpora mayores garantías para proteger esos derechos ni fortalece los mecanismos destinados a prevenir o reparar eventuales daños ambientales.
Asimismo, advirtió que, en esta etapa preliminar del proceso, existen indicios de que el nuevo modelo podría derivar en una reducción de los controles sobre la empresa concesionaria y en demoras en obras consideradas fundamentales para el funcionamiento del servicio.
Por ese motivo, resolvió dictar una medida cautelar de no innovar con el objetivo de preservar la situación actual mientras continúa el análisis judicial sobre la legalidad y el alcance del proceso de privatización.
La decisión representa un revés para la estrategia del Gobierno nacional, que prevé vender al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico y colocar el porcentaje restante en el mercado.
El plan oficial contempla que la empresa adjudicataria asuma la prestación del servicio mediante un contrato de concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderlo por una década adicional. La cautelar fue dictada cuando el Ministerio de Economía ya había iniciado los pasos administrativos para avanzar con la licitación.
El debate también reavivó las discusiones sobre los antecedentes de la privatización del servicio de agua durante la década de 1990. AySA tiene su origen en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. En 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a Aguas Argentinas, empresa controlada por el grupo francés Suez. Trece años más tarde, en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado retomó el control de la compañía tras diversos cuestionamientos vinculados al cumplimiento de las inversiones comprometidas y a la expansión de la red.
Diversos estudios académicos sobre aquel proceso señalaron incrementos tarifarios, conflictos regulatorios y controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones de inversión asumidas por la concesionaria.
Mientras continúa la discusión judicial, la medida cautelar obliga a AySA a mantener sin alteraciones la prestación del servicio, las obras en ejecución y las inversiones previstas en los municipios alcanzados, al menos hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva el planteo sobre la legalidad y las eventuales consecuencias de la privatización.