La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que la movilización realizada el 11 de febrero en Plaza Congreso fue mayoritariamente pacífica y señaló que el operativo de seguridad desplegado presentó un accionar “desproporcionado e indiscriminado”. Según el organismo, al menos 350 personas debieron ser asistidas por heridas o por efectos de los gases, y más de 30 fueron demoradas hasta las 18:15, sin descartar detenciones posteriores.
En un informe preliminar, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que la protesta transcurrió “de manera pacífica”, con la excepción de un grupo minoritario que protagonizó disturbios en la intersección de Avenida Rivadavia y Callao, frente al vallado dispuesto en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.
La observación, realizada entre las 12:30 y las 19 mediante presencia directa y monitoreo en tiempo real, indicó que la concentración fue convocada por organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones de jubilados y espacios políticos en rechazo a la reforma laboral. La mayoría de las columnas permaneció en los alrededores de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, con ingresos y egresos que, según el informe, se desarrollaron sin incidentes.
Los disturbios se concentraron en Rivadavia y Callao, donde un grupo “minoritario y aislado”, en algunos casos con el rostro cubierto, arrojó objetos y pirotecnia por encima del vallado. También se registraron imágenes televisivas que mostraron la preparación de bombas molotov y la caída de parte del cerco perimetral.
No obstante, la Defensoría cuestionó que la respuesta de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad no se limitó a ese grupo puntual. Según el organismo, se efectuaron disparos de balas de goma, proyectiles antidisturbios y granadas de gas pimienta “a mansalva”, alcanzando a manifestantes que se encontraban lejos del foco de conflicto y que no ejercían violencia.
El informe remarcó que las granadas de gas pimienta de largo alcance, lanzadas desde detrás del vallado, superaban los 100 metros y generaron nubes que cubrieron prácticamente toda la zona de concentración. También se consignó la presencia de efectivos disparando desde veredas y calles internas, en algunos casos apuntando directamente hacia personas, una conducta que la Defensoría calificó como “completamente temeraria”.
El operativo incluyó alrededor de 800 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad. Desde antes del inicio de la protesta se habían instalado vallados en Avenida Entre Ríos, Callao y frente al Congreso, junto con camiones hidrantes y personal de infantería.
Con el avance de los incidentes, los camiones hidrantes lanzaron agua y gas pimienta hacia la multitud, lo que derivó en el repliegue de un sector importante de manifestantes hacia la Avenida 9 de Julio por Hipólito Yrigoyen. Posteriormente, se establecieron cordones policiales en calles aledañas que, según el organismo, limitaron las vías de evacuación hacia el norte y el sur, dejando como principal salida la desconcentración hacia 9 de Julio.
Cerca de las 19, una vez finalizada la observación formal, distintos medios registraron la apertura del vallado central y la salida de un numeroso grupo de efectivos que avanzó sobre personas que permanecían en la plaza y sobre quienes ya se retiraban. De acuerdo con la Defensoría, en ese contexto se produjeron detenciones que calificó como arbitrarias, lo que profundiza el debate sobre el alcance y los límites del uso de la fuerza en manifestaciones públicas.