El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, promulgó las leyes que crean el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Ejecución de la Pena, dos iniciativas aprobadas por la Legislatura porteña en noviembre de 2025 que buscan dotar al distrito de un sistema penitenciario propio.
Las normas, identificadas como leyes 6.923 y 6.924, fueron publicadas en el Boletín Oficial con las firmas de Macri; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Hacienda, Gustavo Arengo, formalizando así un cambio estructural en la política penal de la Ciudad.
La ley que crea el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social establece por primera vez un organismo penitenciario propio para la Ciudad, que hasta ahora dependía del Servicio Penitenciario Federal para la custodia de detenidos. El nuevo ente será de carácter civil, especializado y jerarquizado, auxiliar del Poder Judicial y bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Tendrá a su cargo la custodia, guarda y tratamiento de las personas privadas de la libertad, así como el seguimiento de quienes cumplen penas no privativas.
Uno de los ejes centrales de la normativa es el denominado “Plan de Vida”, un esquema de compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para facilitar su reinserción social. El programa prevé acceso a educación, salud, capacitación laboral y fortalecimiento de vínculos sociales, con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, con el objetivo declarado de reducir la reincidencia y la reiterancia delictiva.
Sin embargo, la implementación del nuevo servicio penitenciario plantea desafíos operativos y presupuestarios significativos, en un contexto de saturación carcelaria, debate sobre el rol de la Ciudad en materia penal y críticas por la falta de infraestructura propia suficiente para alojar detenidos. La puesta en marcha del SPRS marcará, en ese sentido, una prueba clave para la gestión porteña en materia de seguridad y política criminal.