La Legislatura porteña dio un nuevo paso en la conformación de la Justicia laboral de la Ciudad. En una sesión especial, aprobó 21 designaciones entre jueces, fiscales y asesores tutelares que integrarán la primera estructura del nuevo Fuero del Trabajo porteño.
Los nombramientos habían sido propuestos por el Consejo de la Magistratura y fueron tratados después de las correspondientes audiencias públicas. La votación reunió 49 votos, con acompañamiento de distintos bloques opositores al oficialismo del PRO.
La decisión forma parte del proceso de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo hacia la Ciudad, impulsado por el gobierno de Jorge Macri y aprobado por la Legislatura en agosto. El esquema establece que las nuevas demandas laborales pasarán a tramitar ante el fuero porteño, mientras que las causas iniciadas previamente continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo.
Los primeros jueces y fiscales del nuevo fuero
La Legislatura designó a seis jueces para la Cámara de Apelaciones del Trabajo: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau y Gabriela Inés Fernández.
También fue aprobado Germán Helvio Queipo como fiscal de la Cámara.
Para los juzgados de Primera Instancia fueron designados María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
A su vez, Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla fueron designadas fiscales de Primera Instancia. La estructura inicial se completa con Damián Natalio Ariel Corti como asesor tutelar ante la Cámara y Federico Kaimakamian Carrau como asesor tutelar ante los juzgados de primera instancia.
Una reforma que cambia dónde se discuten los conflictos laborales
El armado de este fuero no es un trámite administrativo menor. Forma parte de una transformación institucional que modifica el esquema histórico de la Justicia laboral en la Capital Federal.
La Legislatura aprobó en agosto el convenio para transferir progresivamente la Justicia Laboral Nacional al ámbito porteño. A partir de la entrada en funcionamiento del nuevo fuero, las nuevas demandas laborales quedarán bajo jurisdicción de la Ciudad, mientras que los expedientes que ya estaban en trámite continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo.
Esto alcanza a conflictos que pueden involucrar despidos, accidentes laborales y otros reclamos derivados de las relaciones de trabajo. La transferencia constituye además una de las aspiraciones históricas del proceso de autonomía judicial de la Ciudad.
De 10 a 80 juzgados: el proyecto de Jorge Macri
Los 21 funcionarios aprobados constituyen apenas la primera etapa de una estructura que el Ejecutivo porteño pretende ampliar considerablemente.
El diseño inicial contempla 10 juzgados de primera instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones, pero el Gobierno de Jorge Macri impulsa una ampliación hasta 80 juzgados laborales y diez salas de Cámara, además de un Código Procesal Laboral propio y un servicio de conciliación.
La magnitud de la reforma explica parte de la disputa política que acompañó el proceso. La transferencia no solamente supone crear nuevos tribunales: también implica trasladar hacia la órbita porteña la resolución de una parte de los conflictos entre trabajadores y empleadores que hasta ahora estaban bajo jurisdicción nacional.
Un acuerdo político amplio
La aprobación de los pliegos mostró además que el oficialismo porteño consiguió reunir una mayoría amplia para avanzar con la reforma.
El PRO contó con el acompañamiento de distintos sectores de la oposición para aprobar los nombramientos. El respaldo legislativo se suma al acuerdo alcanzado en agosto para concretar la transferencia de competencias, que en aquella oportunidad fue aprobado con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones.
Con los primeros jueces, fiscales y asesores ya designados, el proceso entra ahora en una etapa decisiva: poner efectivamente en funcionamiento el nuevo fuero y avanzar con la ampliación de su estructura.
La creación de una Justicia laboral propia puede convertirse así en uno de los cambios institucionales más importantes de la Ciudad en materia judicial de los últimos años, con consecuencias directas para trabajadores y empleadores que deban recurrir a los tribunales porteños.