Un informe presentado ante el Congreso cuestionó la eficacia de los mecanismos de fiscalización y sostuvo que las herramientas vigentes siguen siendo insuficientes para corregir irregularidades, incluso después de la Tragedia de Once.
La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo encargado de asistir técnicamente al Congreso en el control de la administración pública, detectó importantes deficiencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y las prácticas operativas del Tren San Martín. El informe también cuestionó la efectividad de las herramientas regulatorias destinadas a corregir irregularidades vinculadas con la seguridad ferroviaria.
Las conclusiones surgen de una auditoría realizada sobre la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), centrada en la Línea San Martín durante el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, según el documento oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Entre los principales hallazgos, la AGN concluyó que, si bien la CNRT desarrolló tareas de inspección y detección de incumplimientos, las medidas adoptadas para corregir esas falencias tuvieron una efectividad limitada durante el período auditado.
El informe reconstruye el funcionamiento del sistema sancionatorio vigente hasta 2023 y sostiene que las observaciones formuladas por el organismo regulador no lograban modificar de manera efectiva la conducta de los operadores ferroviarios estatales.
De acuerdo con la auditoría, la propia CNRT había advertido que el esquema de control se había convertido en “un monótono y constante proceso administrativo” que concluía con llamados de atención semestrales para cada especialidad y cada línea ferroviaria. Según el organismo, ese mecanismo “no permite la configuración de datos objetivos concretos sobre los que puedan sustentarse políticas públicas ni decisiones regulatorias válidas”.
La CNRT también calificó el procedimiento como un “dispendio administrativo”, al señalar que demandaba la intervención de múltiples áreas para cumplir con obligaciones formales que finalmente no generaban cambios en el comportamiento de los operadores ferroviarios.
Uno de los pasajes más críticos citados por la AGN sostiene que el régimen establecido por la Resolución 2210/15 “no resultaría eficaz para la fiscalización y control de cuestiones referidas al mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional”, ya que su aplicación “no verifica un aporte sustancial que contribuya a mejorar el control” ejercido por la CNRT.
La auditoría también reveló que la modificación normativa implementada en 2023 dejó sin efecto numerosos expedientes sancionatorios acumulados durante varios años. Según el relevamiento, en la Línea San Martín fueron archivados 43 expedientes correspondientes a sanciones impuestas entre 2017 y 2022 que habían sido apeladas por la empresa estatal operadora.
El informe explica que el régimen sancionatorio fue reemplazado por un nuevo esquema de “coordinación y verificación”, denominado Control Evaluativo Integral, que eliminó las sanciones anteriores y pasó a enfocarse en mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.
Sin embargo, la AGN advirtió que la normativa vigente tampoco contempla consecuencias concretas cuando las anomalías detectadas durante las inspecciones no son corregidas. Según el informe, el nuevo sistema únicamente establece que “se promoverán las medidas que se consideren necesarias para lograr la regularización de las mismas o las medidas de mitigación que correspondan”, sin fijar sanciones específicas.
El organismo auditor también señaló que la propia CNRT reconoció no contar con facultades para interrumpir servicios ferroviarios ante situaciones relacionadas con falta de inversión, mantenimiento deficiente, obsolescencia tecnológica o emergencias operativas.
En ese sentido, la AGN destacó una respuesta oficial del ente regulador que pone en evidencia las limitaciones del sistema de control. La CNRT afirmó que ni siquiera la Tragedia de Once derivó en la suspensión del servicio ferroviario. Según explicó, “no se interrumpieron los servicios tras el accidente ocurrido en la estación Once el 22 de febrero de 2012, ni durante la intervención de Trenes de Buenos Aires (TBA), ni en el proceso de rescisión del contrato y posterior transferencia de la operación a otros concesionarios privados, ni tampoco al momento de la incorporación de dichos servicios a la empresa estatal SOFSE”.
Las conclusiones adquieren especial relevancia al considerar el antecedente de la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando un tren impactó contra el paragolpes de la estación, provocando la muerte de 51 personas y dejando más de 700 heridos. Aquel episodio impulsó una profunda revisión de los sistemas de control, mantenimiento y seguridad del transporte ferroviario metropolitano.
La auditoría también se desarrolló en el marco de la Emergencia Pública Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional en junio de 2024, medida que reconoció la necesidad de revisar integralmente las condiciones de infraestructura, mantenimiento y seguridad de la red ferroviaria.
Como conclusión, la AGN sostuvo que persisten debilidades regulatorias e institucionales que limitan la capacidad del Estado para garantizar que las observaciones formuladas por los organismos de control se traduzcan en mejoras concretas para la operación ferroviaria. El organismo advirtió además que las herramientas actualmente disponibles siguen siendo insuficientes para corregir irregularidades de manera efectiva y fortalecer la seguridad del sistema ferroviario.