La medida se conoce pocos días después de que el jefe de Gobierno cuestionara a las organizaciones e instituciones religiosas que distribuyen alimentos y abrigo en la vía pública. Agrupaciones denuncian un operativo de hostigamiento en distintos barrios porteños.
Días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que la entrega de comida y abrigo en la vía pública a personas en situación de calle “genera dependencia” y aseguró que esas acciones contribuyen a que más personas sin techo lleguen a la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque en aquella oportunidad sus críticas estuvieron dirigidas principalmente a las instituciones religiosas que realizan tareas solidarias, en los días siguientes comenzaron a registrarse intervenciones de agentes del Gobierno porteño contra organizaciones que llevan adelante ollas populares y otras iniciativas de asistencia.
El último domingo, personal del área de Espacio Público intentó labrar un acta de intimación contra la agrupación Peronismo Solidario, que desde hace más de dos años organiza todos los domingos una olla popular en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en Caballito, donde entrega comida a más de 200 personas.
“Todos los domingos, de 11.30 a 13.30, no solo hacemos una olla popular, sino que además montamos una radio abierta donde debatimos distintos temas de actualidad y política. Este domingo, por ejemplo, estábamos hablando del Mundial y de la Selección”, explicó Florencia Lorenzo, referente de Peronismo Solidario.
Según relató, durante la actividad un agente de Espacio Público interrumpió la transmisión y le informó que iba a confeccionarle una contravención. Más tarde, el funcionario corrigió el procedimiento y le indicó que se trataba de una intimación.
“Me dijo que tenía que tramitar un permiso, pero nunca pudo explicar cuál era ese permiso. Después consulté con legisladores de la Ciudad y ninguno pudo señalar que exista una autorización de ese tipo para realizar esta actividad”, afirmó Lorenzo.
La dirigente también destacó que, desde que comenzaron con la iniciativa, nunca habían atravesado una situación similar.
“En más de dos años nunca tuvimos conflictos con los vecinos ni con los comerciantes de la zona. Trabajamos articuladamente con otras organizaciones, iglesias y actores del barrio que entienden que hay que tender una mano a quienes más lo necesitan”, señaló.
Denuncias similares en otros barrios
Lorenzo aseguró que la situación no fue un hecho aislado.
“Sabemos que pasó lo mismo con otros grupos que realizan actividades similares en barrios como Recoleta y Palermo”, indicó.
Consultadas por este medio, distintas organizaciones que llevan adelante ollas populares confirmaron que durante los dos últimos fines de semana agentes de Espacio Público —en algunos casos acompañados por efectivos de la Policía de la Ciudad— realizaron procedimientos para labrar actas de intimación.
Según relataron, los operativos se registraron en barrios como Colegiales, Palermo y Recoleta, además de zonas cercanas a los barrios populares Villa 1-11-14, Zabaleta y Villa Lugano.
Aunque varias de las organizaciones prefirieron mantener reserva sobre algunos detalles debido a las conversaciones que mantienen con funcionarios porteños, coincidieron en que existe una preocupación creciente por lo que consideran una política de persecución hacia quienes desarrollan tareas solidarias en la vía pública.
“Estamos en una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad para que deje de perseguir a quienes organizamos estas jornadas contra el hambre”, expresó a este medio la referente de un comedor comunitario que, junto a otras organizaciones, distribuye viandas para personas en situación de calle.
Pocos días antes de estos episodios, Jorge Macri había cuestionado públicamente este tipo de iniciativas al sostener que la asistencia alimentaria en el espacio público favorece la permanencia de personas en situación de calle y dificulta las políticas oficiales destinadas a derivarlas a la red de paradores y centros de atención de la Ciudad.