El inicio de mayo llega con una nueva batería de aumentos que impactarán de lleno en el gasto cotidiano de millones de argentinos. Transporte público, medicina prepaga y servicios esenciales como el agua registrarán subas desde los primeros días del mes, en un contexto donde la desaceleración inflacionaria aún no logra traducirse en alivio concreto para las familias.
Uno de los incrementos más visibles será el del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el 1° de mayo, colectivos, subte y peajes aumentarán en promedio un 5,4%, en un esquema de actualización automática atado a la inflación previa más un adicional. En la Ciudad, el boleto mínimo de colectivo trepará a $753,74 para los primeros kilómetros, mientras que los recorridos más largos superarán los $960. En la provincia de Buenos Aires, el valor inicial rondará los $918, profundizando la brecha entre distritos.
El subte también se ajusta: el pasaje pasará a costar $1.490 con SUBE registrada, pero escalará hasta cerca de $2.369 para quienes no tengan la tarjeta nominalizada, consolidando un sistema que penaliza cada vez más a los usuarios no bancarizados o menos digitalizados. A esto se suman los peajes de autopistas porteñas, que superarán los $4.300 para vehículos livianos en horario normal, con valores aún más altos en horas pico.
En paralelo, las empresas de medicina prepaga ya notificaron nuevos aumentos en sus cuotas, que oscilarán entre el 3% y el 3,9%. Compañías como Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud aplicarán subas en torno al 3,4%, mientras que OSDE y Galeno se ubicarán levemente por debajo. Aunque los incrementos muestran cierta moderación frente a meses anteriores, siguen acumulando presión sobre un servicio que ya había registrado fuertes ajustes en el último año. En muchos casos, además, se actualizan también los copagos.
Otro de los rubros que se encarece es el agua. AySA aplicará un aumento del 3% mensual entre mayo y agosto, en línea con el tope definido por el Gobierno para evitar un salto mayor tras el atraso tarifario acumulado. Aun así, la factura promedio residencial rondará los $30.000 sin impuestos, con variaciones según la zona. Cerca del 48% de los usuarios accede a algún tipo de subsidio o tarifa social, aunque eso no elimina el impacto del incremento.
Los alquileres bajo contratos regidos por la normativa anterior también tendrán su actualización: en mayo, el Índice de Contratos de Locación (ICL) marcará una suba cercana al 32%. Si bien el porcentaje es menor al de meses previos, continúa representando un ajuste significativo para quienes destinan una parte creciente de sus ingresos a la vivienda.
En cuanto a los combustibles, por ahora no se confirmó un aumento generalizado para el inicio del mes, aunque el sector viene registrando subas en las últimas semanas por el contexto internacional y la carga impositiva. Cualquier nuevo ajuste dependerá de la evolución de esas variables.
Las estimaciones privadas ubican la inflación de abril en torno al 2,6%, por debajo del dato de marzo. Sin embargo, los aumentos que entran en vigencia en mayo —especialmente en transporte— podrían volver a presionar sobre el índice de precios. Mientras el Gobierno sostiene una estrategia de subas graduales para evitar saltos bruscos, en la práctica el alivio no termina de llegar al bolsillo.
En este escenario, el impacto no será uniforme, pero sí generalizado: transporte, salud y servicios básicos concentran una porción cada vez mayor del gasto mensual, dejando menos margen para el resto del consumo.