El procedimiento fue ordenado por el juez Ariel Lijo y apunta a documentación relacionada con la productora del periodista Marcelo Grandío.
La causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este sumó un nuevo capítulo con impacto judicial. Por orden del juez federal Ariel Lijo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron la sede de la TV Pública en busca de contratos y documentación vinculada a la productora del periodista Marcelo Grandío.
La investigación intenta establecer si existió una relación entre contratos estatales adjudicados a la productora y el financiamiento de vuelos privados utilizados por el funcionario, lo que podría derivar en posibles delitos como dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
El operativo se produjo apenas 24 horas después de la declaración del bróker aeronáutico Agustín Issin en los tribunales de Comodoro Py. Allí, el intermediario contradijo la versión inicial de Adorni —quien había asegurado haber pagado el viaje— y sostuvo que los vuelos fueron abonados por Grandío, a quien describió como amigo personal del jefe de Gabinete.
Según detalló, el tramo de ida (San Fernando–Punta del Este) fue facturado por la operadora Alpha Centauri a Imhouse, la productora del periodista. En tanto, el vuelo de regreso habría sido pagado directamente por Grandío a la empresa Jag Executive Aviation, lo que motivó que la factura también quedara a su nombre.
🔹 Allanamientos en la TV Pública por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Buscan contratos del vuelo a Punta del Este y documentación vinculada a la causa que involucra al funcionario y al periodista del canal estatal Marcelo Grandío.
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— La Nación Más (@lanacionmas) March 27, 2026
Por el momento, Grandío no fue citado a declarar, aunque en el juzgado no descartan convocarlo directamente como imputado, dependiendo de lo que surja del análisis de la documentación secuestrada en la TV Pública. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita evalúa si el financiamiento del viaje por parte de un tercero con vínculos comerciales con el Estado viola la Ley de Ética Pública.
Para este viernes está prevista la declaración de una empleada de la firma aeronáutica involucrada, quien podría aportar nuevos detalles sobre el circuito de pagos y la trazabilidad del dinero utilizado para costear los vuelos.