El Decreto 875/2026 puso en marcha la reglamentación de la Ley 27.801, que establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. Justicia será la autoridad de aplicación.
El Gobierno nacional reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y reglamenta la Ley 27.801, sancionada por el Congreso en febrero y promulgada en marzo.
La nueva normativa reemplaza el esquema anterior y establece mecanismos específicos para los adolescentes imputados por delitos, con el objetivo de promover la responsabilidad por los hechos cometidos, además de su educación, resocialización e integración social.
Desde qué edad se aplica
El régimen alcanza a quienes tengan 14 años y no hayan cumplido 18 al momento de cometer el delito.
La edad mínima de 14 años no fue establecida por el decreto reglamentario, sino por la Ley 27.801, aprobada previamente por el Congreso. La reglamentación determina ahora cómo deberá implementarse el nuevo sistema.
La normativa contempla un tratamiento diferenciado según la gravedad del delito y establece distintas medidas, sanciones y penas, incluyendo alternativas a la privación de la libertad en determinados casos.
Justicia será la autoridad de aplicación
El Ministerio de Justicia quedó designado como autoridad de aplicación del régimen en el ámbito nacional y federal.
Entre sus responsabilidades estará coordinar la implementación del sistema, establecer mecanismos de seguimiento y articular el trabajo con otras áreas del Estado y con las distintas jurisdicciones.
Uno de los instrumentos previstos es el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que estará integrado por profesionales que deberán cumplir requisitos específicos para realizar el seguimiento de los adolescentes alcanzados por la ley.
La primera convocatoria pública para conformar el registro definitivo deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto.
Un comité para coordinar la aplicación
La reglamentación también establece mecanismos de coordinación entre distintas áreas del Gobierno.
Se prevé la conformación de un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, con participación de representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
El organismo tendrá entre sus funciones coordinar políticas de prevención, intervención y reinserción, además de promover el intercambio de información y criterios entre las distintas áreas involucradas.
A su vez, el decreto crea una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a facilitar el diálogo y la coordinación entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Atención y derechos de las víctimas
El nuevo esquema también incorpora mecanismos de asistencia para las víctimas de los delitos cometidos por adolescentes.
La reglamentación dispone que la autoridad de aplicación deberá poner a disposición equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y trabajadores sociales, además de establecer mecanismos para garantizar patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda.
De esta manera, el Gobierno busca poner en funcionamiento el nuevo régimen penal juvenil después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, con un esquema que combina responsabilidad penal, seguimiento, sanciones y medidas orientadas a la reinserción social.