La Cámara alta puso fin al período de sesiones extraordinarias con la aprobación de dos proyectos centrales para el Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La reforma laboral fue sancionada con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones. El texto ya había sido modificado en Diputados, donde se eliminó el artículo más controvertido: el que reducía plazos y montos de las licencias pagas por enfermedad o accidente no laboral. Esa cláusula establecía el pago del 50% o 75% del salario —según el caso— durante un máximo de tres o seis meses. Finalmente, quedó fuera de la versión definitiva.
En su paso previo por el Senado también se habían eliminado otros puntos sensibles, como el beneficio en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas. A la vez, se mantuvo el 6% destinado a obras sociales y se suavizó la redacción sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), orientado a colaborar con el pago de indemnizaciones.
Entre los ejes principales de la reforma se destacan:
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Convenios colectivos: se priorizan acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de convenios vencidos.
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Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se financiará con aportes obligatorios mensuales del 1% del salario bruto en grandes empresas y del 2,5% en MiPyMEs. Actualmente esos recursos se destinan al sistema previsional, por lo que el cambio podría impactar en su financiamiento.
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Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto.
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Indemnizaciones: se mantiene el cálculo de un mes por año trabajado, pero se excluyen conceptos no mensuales como aguinaldo o premios extraordinarios. Se fijan topes y se habilita el pago en cuotas —hasta seis para grandes empresas y hasta doce para MiPyMEs— con actualización por inflación más un 3% anual.
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Banco de horas: empleador y trabajador podrán pactar compensaciones de horas extras con límites de jornada y descanso.
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Trabajadores de plataformas: se crea la figura del repartidor independiente bajo contrato de servicio, sin relación laboral formal.
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Derecho a huelga: los servicios esenciales deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% y los “trascendentales” del 50%. Se amplía el listado de actividades esenciales, incluyendo educación.
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Blanqueo laboral: se prevé una reducción de hasta el 70% en deudas por aportes para regularizar empleo informal.
Otro punto incorporado como anexo fue el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa cuestionada por sectores opositores por la falta de tratamiento en comisión, aunque finalmente avanzó.
Baja de la edad de imputabilidad
En la misma sesión, el Senado convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. La norma, que había sido aprobada previamente en Diputados, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18.
Impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, la ley contempla garantías procesales acordes a la edad, separación absoluta de adultos en instancias judiciales y penitenciarias y aplicación excepcional de la privación de libertad.
El presupuesto asignado asciende a $23.700 millones para las provincias. Según datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal, ese monto permitiría construir unos 7.400 metros cuadrados de infraestructura carcelaria, lo que equivaldría a aproximadamente 308 metros cuadrados por distrito si se distribuye en partes iguales.
Un nuevo esquema penal juvenil
El régimen incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva, priorizando medidas socioeducativas y la reinserción. Entre las sanciones previstas figuran tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, reservando la privación de libertad para delitos graves y por plazos determinados.
También se crea la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción y se prevé intervención interdisciplinaria en casos vinculados a salud mental o consumos problemáticos.
En relación con las víctimas, la norma garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, participación en audiencias y acceso a instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
Con la publicación pendiente en el Boletín Oficial, ambas leyes marcan el cierre de las extraordinarias con cambios estructurales en el régimen laboral y en el sistema penal argentino, cuyos efectos comenzarán a evaluarse en los próximos meses.