El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con la concesión de sus medios públicos en una medida que ya genera fuerte rechazo político, sindical y jurídico. A través de un pliego publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo busca entregar por cinco años la operación de la AM 1110, la FM 92.7 y el Canal de la Ciudad a manos privadas, bajo el argumento de “eficiencia”, aunque con múltiples cuestionamientos sobre su legalidad y sus verdaderas motivaciones.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Jorge Macri, implica que una empresa se haga cargo de toda la programación y explotación de los medios, a cambio de un canon que, en términos reales, resulta bajo frente al valor estratégico de las señales. Mientras tanto, el Estado porteño se corre de la gestión directa y apenas exige que un 30% de los contenidos tenga carácter institucional o de interés público, un piso que para muchos resulta insuficiente para garantizar pluralidad y diversidad.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de un ahorro para los contribuyentes, pero la medida abre interrogantes de fondo: ¿se trata de eficiencia o de un retiro deliberado del Estado en áreas clave como la comunicación pública? La decisión, además, no surge en el vacío, sino en un contexto de recortes y ajuste que ya impacta en distintos sectores.
Las críticas no tardaron en aparecer. Legisladores de la oposición denuncian que la concesión podría violar directamente la Constitución de la Ciudad, que establece que los servicios públicos de radio y televisión deben ser gestionados por el Estado. También advierten sobre posibles incompatibilidades con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la cesión de licencias a terceros. En ese marco, ya se preparan presentaciones judiciales para frenar el proceso antes de que se concrete.
El rechazo también se extiende a los trabajadores de los medios involucrados, que ven en la medida una privatización encubierta con consecuencias directas sobre el empleo y la calidad de los contenidos. Cerca de 500 puestos de trabajo quedan bajo incertidumbre en emisoras con trayectoria como la histórica Once Diez, la 2×4 —referente del tango— y el Canal de la Ciudad.
Desde los sindicatos y organizaciones del sector advierten que los medios públicos no pueden regirse por criterios de mercado, ya que su función es garantizar acceso a la información, pluralismo y producción cultural. Sin embargo, el Gobierno parece avanzar en sentido contrario, priorizando una lógica de reducción del Estado que, en este caso, impacta de lleno en el sistema de comunicación pública.
Mientras tanto, el Ejecutivo ya fijó el 12 de mayo como fecha para la apertura de sobres. Hasta entonces, la disputa se trasladará a los tribunales, en un intento por frenar una decisión que, más allá del discurso oficial, plantea un cambio profundo en el rol del Estado y deja abierta la sospecha de un progresivo vaciamiento de los medios públicos porteños.