El ministro de Justicia, Gabino Tapia, participó de una reunión de comisión en la Legislatura para defender el proyecto. El oficialismo busca apoyo opositor ante la falta de mayoría parlamentaria.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retomó el impulso político para avanzar con la creación de su propio Servicio Penitenciario. En ese marco, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, asistió este martes a una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad en la Legislatura, donde presentó los lineamientos del proyecto impulsado por el Ejecutivo local.
Tapia estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Francisco Quintana, y el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín. El objetivo del encuentro fue generar consensos con los bloques opositores, necesarios para aprobar la iniciativa, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en el parlamento porteño.
Durante su exposición, el ministro sostuvo que la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad representa “un nuevo paso en la consolidación de la autonomía porteña”, al tiempo que lo calificó como una herramienta clave para “mejorar la gestión de los detenidos, combatir el delito y fortalecer las políticas de reinserción social”.
Según detalló, el nuevo sistema se enfocaría en una primera etapa en los detenidos juzgados por la Justicia local, es decir, aquellos delitos ya transferidos a la competencia de la Ciudad. El proyecto, presentado en marzo por el oficialismo, propone la creación de una institución “civil, armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública”, con la responsabilidad de custodiar y alojar a personas imputadas, procesadas o condenadas por la justicia porteña.
Tapia también informó sobre el estado actual del sistema de detención en la Ciudad. Actualmente, hay 2.418 personas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas: 288 imputadas, 1.735 procesadas y 395 condenadas. “La situación requiere una respuesta estructural, no solo operativa”, remarcó el funcionario.
Además, mencionó que los acuerdos con el Gobierno nacional están avanzados y que ya se conformó una comisión conjunta para definir los alcances del traspaso. “La mesa de trabajo tiene un plazo de seis meses y concluirá a fin de año”, señaló Tapia, en alusión a los compromisos asumidos con la administración libertaria.