El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, en una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos por el posible beneficio a las grandes empresas de alimentos ultraprocesados.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
En el texto oficial, el Gobierno sostiene que la normativa vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” y asegura que los parámetros impulsados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) resultan “inadecuados”. Sin embargo, distintos sectores advierten que la eliminación de los octógonos negros implica un fuerte retroceso en materia de información al consumidor y prevención de enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
Los principales puntos del proyecto:
Fin total de los octógonos negros
La iniciativa propone derogar íntegramente la ley actual, eliminando las advertencias frontales en los envases y también las restricciones sobre publicidad dirigida a niños, promociones en escuelas y el uso de personajes infantiles para incentivar el consumo de productos con exceso de azúcares, grasas o sodio.
Cuestionamientos al sistema actual
La Casa Rosada asegura que el sistema es “binario” y que coloca bajo la misma categoría a alimentos diferentes, generando supuesta “confusión” en los consumidores. El Ejecutivo sostiene que algunos productos tradicionales reciben advertencias similares a las de alimentos ultraprocesados.
No obstante, especialistas en nutrición remarcan que el etiquetado frontal fue diseñado justamente para brindar una advertencia clara y rápida sobre componentes críticos que, consumidos en exceso, aumentan riesgos para la salud.
El argumento económico detrás de la derogación
El Gobierno también sostiene que la ley no incentiva a las empresas a mejorar gradualmente la composición de sus productos y plantea que el sistema actual perjudica especialmente a las PyMEs por los costos de adaptación de envases y etiquetados.
Sin embargo, sectores críticos señalan que las grandes compañías alimenticias fueron las principales opositoras a la implementación de la norma desde sus inicios y que ahora encuentran en la administración libertaria un aliado para desmantelar regulaciones que afectaban sus estrategias comerciales.
Mercosur y “trabas regulatorias”
Otro de los argumentos oficiales apunta a las diferencias normativas dentro del Mercosur. Según el proyecto, la falta de armonización regional obliga a fabricar envases distintos para cada país, lo que genera costos adicionales y dificultades operativas.
La ley seguiría garantizando información nutricional básica
El Ejecutivo aclaró que continuarán vigentes las obligaciones tradicionales de informar calorías, grasas, sodio y azúcares en los envases bajo el Código Alimentario Argentino y las normas del Mercosur. Aun así, la principal diferencia es que esa información dejaría de aparecer de manera visible y frontal para el consumidor.
Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió el “pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa, en medio de crecientes críticas por avanzar sobre una normativa que organismos de salud y asociaciones de consumidores consideran clave para combatir la obesidad y promover hábitos alimentarios más saludables.