El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó la transformación de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) en una sociedad anónima, un cambio estructural que modifica el esquema jurídico de la empresa encargada del sistema de subtes porteño. Desde la administración de Jorge Macri aseguraron que la medida no implica una privatización inmediata, aunque la reconversión introduce un modelo societario distinto al vigente hasta ahora.
La decisión quedó plasmada en un decreto del jefe de Gobierno porteño, que dispone la conversión de la firma pública responsable del desarrollo, la administración, la expansión y el control del servicio de subterráneos de la Ciudad. SBASE tiene a su cargo la infraestructura de las seis líneas de subte —A, B, C, D, E y H— y del Premetro, y pasará a funcionar como una Sociedad Anónima Unipersonal.
La reconversión implica la creación de capital social, un elemento inexistente en el formato de Sociedad del Estado. Según el nuevo estatuto, publicado junto con el Decreto N.º 20, el capital inicial se fijó en $1.184.310.351.539, representado por la misma cantidad de acciones ordinarias, nominativas y no endosables, con un valor nominal de $1 cada una y derecho a un voto por acción. Además, se establece que el capital podrá ampliarse hasta cinco veces el monto original.
El nuevo esquema introduce así una lógica accionaria en la estructura de la empresa, aunque el Gobierno porteño remarcó que no está prevista, por el momento, la venta de acciones al sector privado. A diferencia de los procesos de privatización impulsados por el Gobierno nacional, como en el caso de AySA, el decreto no habilita de manera directa la enajenación del paquete accionario.
No obstante, el texto deja abierta la posibilidad de futuros cambios: cualquier intento de avanzar hacia la venta de acciones o la incorporación de capitales privados deberá contar con la aprobación de la Legislatura porteña. En ese sentido, la transformación de SBASE en sociedad anónima aparece como un paso previo que, aunque no constituye una privatización en sí misma, modifica las reglas de juego y reaviva el debate sobre el futuro del subte y el rol del Estado en su gestión.