Casi 46.000 agentes de la Administración Pública Nacional ya fueron evaluados. El Gobierno asegura que busca jerarquizar el empleo estatal, aunque las pruebas generan críticas por su sesgo político.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, informó que el 94% de los empleados públicos que rindieron el examen de idoneidad obligatorio superaron la prueba. El operativo de evaluación ya alcanzó a 45.889 trabajadores de la Administración Pública Nacional, en el marco de un proceso que busca, según el oficialismo, “mejorar la calidad del empleo estatal y garantizar la idoneidad técnica en los cargos”.
De ese total, 43.047 evaluaciones fueron aprobadas, mientras que 2.842 no alcanzaron el puntaje mínimo. Sin embargo, cada trabajador cuenta con hasta tres oportunidades para rendir el examen. La prueba incluye contenidos adaptados al perfil de cada puesto, y evalúa competencias como comprensión normativa, redacción administrativa, resolución de problemas y orientación al ciudadano.
Los datos difundidos por el Gobierno aclaran que el conteo se refiere a exámenes rendidos y no a personas individuales, ya que muchos agentes todavía no completaron el proceso o se encuentran en etapas de recuperación.
Más de cien organismos participaron del operativo, entre ellos ministerios, entes descentralizados, empresas estatales y organismos autónomos. Las áreas con mayor cantidad de exámenes fueron el Ministerio de Salud, con 12.357 pruebas y una tasa de aprobación del 93,5%; el Ministerio de Economía, con 10.504 exámenes y un 95,3% de aprobaciones; y el Ministerio de Capital Humano, con 6.094 pruebas y un 93% de resultados positivos.
En la Jefatura de Gabinete se tomaron 6.607 evaluaciones, con un 94% de aprobaciones. En contraste, el Ministerio de Defensa mostró una tasa más baja: 89% sobre un total de 2.209 pruebas.
Algunas dependencias más pequeñas registraron resultados perfectos. La Secretaría de Cultura, por ejemplo, tuvo el 100% de aprobaciones entre los 22 empleados evaluados, al igual que organismos como la Agencia de Seguridad Nuclear, el Banco Nacional de Datos Genéticos y varios institutos de baja dotación. Muchos de estos entes han sido blanco de recortes y cuestionamientos por parte de la gestión libertaria, especialmente los vinculados a cultura, ciencia y derechos humanos.
Desde el Ministerio de Desregulación aclararon que el objetivo del examen no es avanzar con despidos masivos, sino jerarquizar la administración pública. “Queremos garantizar que quienes ocupan cargos lo hagan por mérito y no por acomodos políticos”, sostuvieron. En la misma línea, afirmaron que la intención es “ordenar el sistema y reducir la discrecionalidad”, aunque el contexto de recortes y tensión sindical sigue generando suspicacias sobre el verdadero alcance de la medida.