Un relevamiento de la Fundación Cultura de Trabajo, elaborado a partir de más de 2.400 entrevistas realizadas durante una década, expone el vínculo entre precariedad laboral, bajos ingresos y pérdida de vivienda. El 44% de las personas consultadas tiene hijos a cargo y casi el 70% atravesó trayectorias laborales informales. La organización también advierte sobre un fenómeno que comienza a adquirir nuevas características: cada vez llegan más personas con estudios, experiencia laboral e incluso empleos formales, pero sin ingresos suficientes para sostener un hogar.
“Nadie llega a la calle de un día para el otro. Se llega perdiendo, de a poco, todo lo que se daba por sentado: el trabajo, la casa, la rutina, la gente que contaba con vos”. Con esa reflexión comienza una publicación reciente de la Fundación Cultura de Trabajo, que condensó diez años de experiencia en la atención e intermediación laboral de personas en situación de calle o en riesgo inminente de perder su vivienda.
Uno de los datos más contundentes surge de las más de 2.400 entrevistas de admisión realizadas entre 2016 y 2025: el 44% de las personas consultadas declaró tener hijos a cargo. “No es ‘una persona sola en la calle’, es una familia buscando un lugar”, plantea la organización, que además advierte que este perfil se vuelve cada vez más frecuente.
El relevamiento muestra también que el 17,8% de las personas entrevistadas tenía un título universitario o terciario, mientras que cerca del 70% provenía de trayectorias laborales informales. Lejos de tratarse exclusivamente de personas sin formación o experiencia, los datos muestran que incluso quienes cuentan con estudios y antecedentes laborales pueden quedar expuestos a la pérdida de ingresos, vivienda y condiciones básicas de vida.
María Eugenia Sconfienza, directora y cofundadora de la Fundación Cultura de Trabajo, señaló en diálogo con este medio que en los últimos años observaron un mayor nivel de calificación entre quienes llegan a la organización. También detectaron un incremento de personas con empleos formales que, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación y el alquiler.
Los ingresos ayudan a dimensionar el problema. Según datos oficiales, durante el primer semestre del año el ingreso promedio de los trabajadores asalariados con descuento jubilatorio fue de $1.375.143, mientras que en el mercado laboral informal alcanzó los $731.150. En julio, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes llegó a $1.564.716, sin incluir gastos de vivienda como el alquiler.
La precariedad, además, atraviesa a hombres y mujeres. “La informalidad, que es de entre el 65% y el 70% de las personas, es pareja tanto sea para hombres como para mujeres, tengan o no responsabilidad de cuidado”, explicó Sconfienza.
Donde sí aparece una diferencia importante es en las responsabilidades familiares: el 53% de las mujeres entrevistadas declaró tener hijos a cargo, frente al 33,7% de los varones. Esa situación también condiciona la búsqueda laboral. “Las mujeres con hijos suelen pedir preferentemente vacantes que tengan horarios compatibles con el cuidado”, explicó la directora.
El escenario laboral tampoco muestra señales alentadoras. El último registro del Indec informó un aumento de 2,2 puntos porcentuales en la informalidad entre los primeros semestres de 2025 y 2026, hasta alcanzar el 44,2%. Según el Instituto Argentina Grande, además, durante el último año se perdieron más de 141.000 puestos de trabajo en relación de dependencia.
“Si la informalidad sigue a estos niveles o sigue creciendo, el círculo se refuerza y podría seguir reproduciéndose”, advirtió Sconfienza. Para quienes ya perdieron su vivienda, además, conseguir un empleo implica superar una serie de obstáculos que muchas veces resultan invisibles para quienes tienen un techo y recursos básicos garantizados.
“No tener la ropa adecuada, no tener dónde ducharse, no tener dónde vivir, no tener una dirección para poner el currículum, no tener un currículum, no tener dónde imprimirlo, no tener dónde postularse porque no tenés celular, no tener carga en la SUBE y llegar tarde a una entrevista o muy temprano y desprolijo porque vas caminando”, enumeró.
La organización prefiere hablar de “sinhogarismo ampliado” o “exclusión residencial”, conceptos que exceden la situación de calle estrictamente entendida. Allí se incluye a personas que alternan entre la calle, hogares de tránsito o paradores, hoteles-pensión y habitaciones alquiladas en el mercado informal.
Son trayectorias que muestran que el acceso a un lugar donde dormir puede dejar de ser una condición estable para convertirse en una búsqueda permanente, atravesada por asistencia estatal, favores personales, redes familiares o decisiones institucionales.
La Fundación Cultura de Trabajo aclara que las 2.400 entrevistas no constituyen una estadística representativa de todas las personas sin hogar del país. Sin embargo, considera que permiten realizar una caracterización profunda del denominado sinhogarismo ampliado y de su relación con la exclusión estructural del mercado laboral.
También existe un límite importante: quienes llegan a las instituciones de asistencia ya lograron atravesar determinados obstáculos. Quedan fuera del registro aquellas personas cuyos vínculos familiares, laborales e institucionales se rompieron por completo y que ni siquiera consiguen acceder a una organización que pueda ayudarlas.
Otros estudios vienen detectando una transformación similar. La Fundación para el Desarrollo Humano Integral señaló en su trabajo más reciente que existe una “diversificación alarmante de perfiles”, que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados y personas que nunca antes habían atravesado una situación de calle. El fenómeno, además, se extendió territorialmente hacia barrios más alejados.
El Ministerio de Capital Humano realizó en 2026 un relevamiento que contabilizó 9.421 personas en situación de calle en el país. Sin embargo, el operativo alcanzó solamente a 19 provincias y dejó afuera a Buenos Aires. Además, no se conocieron detalles suficientes sobre la metodología utilizada ni se encuentra disponible el documento completo.
Ante una consulta de PERFIL, desde el Ministerio señalaron que la información disponible es la que ya fue difundida públicamente. El número es cuestionado por distintas organizaciones que trabajan con personas sin techo. La Fundación para el Desarrollo Humano Integral y la asociación Proyecto Siete, entre otras, sostienen que la magnitud del fenómeno sería considerablemente mayor. Esta última estima que la cantidad de personas sin techo en Argentina podría superar las 370.000.
Por eso, quienes trabajan cotidianamente con esta población insisten en que el problema no puede reducirse a una cifra. La Fundación Cultura de Trabajo ofrece servicios gratuitos de intermediación laboral para personas de entre 18 y 65 años y, además de vincularlas con empresas, intenta remover las barreras que dificultan el acceso al empleo mediante cursos, elementos de higiene e instalaciones.
Sconfienza también busca desmontar un prejuicio frecuente: que una persona en situación de calle obtiene un empleo por compasión. “No existen contrataciones por lástima: nuestros participantes consiguen ese empleo porque tienen todas las cualidades necesarias para poder llevar adelante ese trabajo y no porque están en una situación precaria”, sostuvo.
Y hacia el final vuelve sobre una escena cotidiana que obliga a mirar el problema desde otro lugar:
“¿Alguna vez te preguntaste por qué las personas en situación de calle duermen de día, con el sol en la cara y el ruido de la ciudad de fondo? Porque de noche es más seguro caminar que dormir”.