Crecen los desalojos en la Ciudad y denuncian la falta de respuestas habitacionales para las familias afectadas

Un informe elaborado por el MPD CABA y la Defensoría del Pueblo advierte sobre el fuerte aumento de los desalojos administrativos y cuestiona la ausencia de políticas específicas para asistir a quienes pierden su vivienda.

Tras una serie de pedidos de información al Poder Ejecutivo porteño, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo difundieron un informe conjunto que analiza el alcance, la evolución y las características de la política de desalojos impulsada por el Gobierno de la Ciudad. El documento advierte sobre el impacto que estas medidas tienen sobre los sectores con mayor vulnerabilidad habitacional y señala que el Estado local carece de herramientas adecuadas para dar respuesta a las personas afectadas.

Según el relevamiento, entre 2024 y marzo de 2026 fueron desalojadas 4.482 personas, entre ellas 1.409 niños, niñas y adolescentes. El informe destaca que durante 2025 los desalojos aumentaron un 26% respecto del año anterior y advierte que, de mantenerse la tendencia registrada en los primeros meses de 2026, este año podría cerrar con la cifra más alta del período analizado.

Además del incremento en la cantidad de casos, los organismos observaron un cambio significativo en la modalidad de los procedimientos. Mientras que en 2024 el 98% de los desalojos se realizó por orden judicial, durante los primeros meses de 2026 los desalojos administrativos pasaron a representar el 58% del total, superando por primera vez a los impulsados por la Justicia. Dentro de este grupo, las clausuras por riesgo de derrumbe concentraron el 52% de los casos.

La investigación señala que esta política afecta principalmente a familias de bajos ingresos que residen en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares, especialmente en las Comunas 1, 3 y 4 de la Ciudad.

El informe recuerda que las clausuras administrativas con desocupación se encuentran contempladas como una excepción al principio general de intervención judicial previa y solo deberían aplicarse frente a situaciones de riesgo estructural inminente. Por ello, sostienen que toda medida de este tipo debe estar respaldada por informes técnicos que acrediten de manera fehaciente la existencia de un peligro concreto y actual.

En ese sentido, los organismos manifestaron preocupación porque durante 2026 la Jefatura de Gabinete porteña impulsó inspecciones en un 33% de los desalojos realizados por supuesto riesgo de derrumbe, una situación que consideran llamativa para procedimientos que, por definición, deberían responder exclusivamente a emergencias técnicas objetivas.

A las observaciones sobre los desalojos se suma una fuerte crítica a las políticas de asistencia habitacional. El informe sostiene que las personas desalojadas reciben las mismas respuestas que quienes se encuentran en situación de calle, limitadas principalmente al acceso a Centros de Inclusión Social o al Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional.

Si bien ocho de cada diez familias lograron acceder al menos a una cuota del subsidio habitacional, el documento advierte que las características del programa dificultan la permanencia de los beneficiarios y resultan insuficientes para garantizar una solución habitacional estable.

Los organismos también cuestionan la falta de coordinación estatal y remarcan la inexistencia de un protocolo único que regule los procedimientos de desalojo, así como la ausencia de un organismo encargado de centralizar y supervisar la actuación de las distintas áreas involucradas.

Frente a este escenario, el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo solicitaron al Gobierno de la Ciudad la creación de una mesa de trabajo interinstitucional que permita coordinar, sistematizar y monitorear los procesos de desalojo. Asimismo, reclamaron la elaboración de un protocolo integral y normativamente aprobado que establezca criterios uniformes de actuación y garantice la protección de los derechos de las personas afectadas, especialmente de los sectores más vulnerables.

Leave a Reply