Los rodados, inscriptos en Paraguay, eran utilizados en producciones audiovisuales y eventos, pese a haber ingresado al país de manera irregular.
La Dirección General de Aduanas incautó cuatro vehículos de alta gama —dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang— cuyo valor individual supera ampliamente los $100 millones. El operativo se realizó de manera conjunta con la Policía de la Ciudad, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Migraciones, y contempló cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Durante los procedimientos, personal de la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad detuvo e incomunicó a dos ciudadanos argentinos. Además, se secuestraron una camioneta Toyota SW4 con patente nacional, $30 millones en efectivo, 20 mil dólares estadounidenses y un arma de fuego que carecía de la documentación correspondiente.
La investigación, a cargo del fiscal federal Marcelo Bernachea, se inició a partir de una alerta detectada por la Aduana en el paso fronterizo de Paso de los Libres. A partir de esa señal, se logró reconstruir un presunto esquema de contrabando de vehículos provenientes de países limítrofes, en el que ciudadanos residentes en Paraguay ingresaban los automóviles a la Argentina bajo el pretexto de turismo.
Según consta en la causa, se habría hecho un uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 de la AFIP), ya que los rodados no regresaban a su país de origen y permanecían en territorio argentino, donde eran utilizados por terceros que serían sus verdaderos propietarios.
Las pruebas reunidas indican que la maniobra era coordinada por dos personas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, quienes exhibían los vehículos en redes sociales, los cedían para videoclips de artistas de música urbana y los alquilaban para distintas producciones audiovisuales. Uno de los involucrados se presentaba como titular de una productora dedicada a “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, los hechos podrían encuadrarse en el delito de contrabando agravado, que contempla penas de hasta diez años de prisión. La investigación continúa en curso y las autoridades estiman que el esquema operaba, al menos, desde el año 2023.