Documentos incorporados a la causa judicial revelaron presuntas irregularidades en las compras de insumos médicos durante la gestión de Diego Spagnuolo. También detectaron una factura que habría sido pagada dos veces y adquisiciones con diferencias millonarias frente a otros organismos públicos.
La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos que ponen bajo la lupa el sistema de compras del organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo. Informes técnicos remitidos a la Justicia por el Ministerio de Salud y el entonces interventor Alejandro Vilches identificaron fuertes diferencias de precios, posibles pagos duplicados y deficiencias en la documentación de prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Uno de los episodios más graves involucra a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis después de sufrir una amputación. En los registros oficiales, el elemento figuraba como entregado. Sin embargo, al consultar directamente a la familia, los investigadores establecieron que nunca había llegado al beneficiario.
El expediente incluía un remito con la firma de la madre del paciente. De acuerdo con los informes, esa firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas. El caso expone una cuestión que va más allá de las irregularidades administrativas: la necesidad de garantizar que los insumos adquiridos con fondos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Sobreprecios millonarios en insumos médicos
Los documentos técnicos detectaron diferencias de precios de hasta el 1.972% respecto de adquisiciones comparables realizadas por otros organismos estatales. Los hallazgos abarcan dispositivos médicos de alta complejidad y otros insumos utilizados en la atención de personas con discapacidad.
Entre las operaciones observadas figura la compra de válvulas bicavales transcatéter a la empresa Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones.
Otro análisis detectó una diferencia del 711% en el precio de una válvula pulmonar. En el rubro de los implantes cocleares, el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613 por unidad, frente a una referencia de US$12.125 para una operación comparable. Según los datos publicados, la diferencia equivale a aproximadamente un 417% por encima de esa referencia.
Los informes también señalaron compras de productos importados con diferencias de entre el 300% y el 1.000% respecto de alternativas nacionales, además de presuntos errores en la clasificación de los productos adquiridos.
Las diferencias identificadas no constituyen automáticamente una prueba de delito: su alcance debe evaluarse teniendo en cuenta las características técnicas de cada insumo, las condiciones de contratación y el resto de la documentación. Sin embargo, los hallazgos forman parte de las pruebas que la Justicia analiza para determinar si existieron irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Una factura que habría sido pagada dos veces
Otro de los puntos observados corresponde a la proveedora Indecomm. Según los informes, una factura por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades, lo que plantea interrogantes sobre los controles administrativos y financieros del organismo.
La documentación también describe diferencias de precios en la adquisición de neuroestimuladores y otros productos médicos. En el caso de un neuroestimulador, la brecha señalada llegó al 219%.
En conjunto, los hallazgos abren interrogantes sobre los mecanismos utilizados para comparar ofertas, validar prestaciones y controlar los pagos a los proveedores. La investigación deberá establecer si se trató de errores administrativos, incumplimientos en los procedimientos o maniobras deliberadas que pudieran generar un perjuicio para el Estado.
Más de $25.661 millones en facturas bajo análisis
Los informes presentados por Vilches también apuntaron a un grupo de empresas proveedoras que habrían emitido facturas a la ANDIS por más de $25.661 millones. Entre las firmas mencionadas aparecen Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud, Ortopedia Bernat, Artrobone Ortopedia, Cirugía y Ortopedia Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma.
La investigación judicial examina las contrataciones, los mecanismos de adjudicación y las relaciones entre funcionarios y proveedores durante el período investigado. Entre las hipótesis bajo análisis figuran un posible direccionamiento de compras, irregularidades en la competencia entre oferentes y eventuales retornos.
El expediente está a cargo del fiscal federal Franco Picardi. La documentación técnica se suma a otras medidas de prueba destinadas a reconstruir cómo se realizaron las contrataciones y quiénes pudieron haber intervenido en las operaciones cuestionadas.
El costo de las irregularidades en el sistema de discapacidad
La causa ANDIS no se limita a determinar si el Estado pagó precios superiores a determinadas referencias de mercado. También obliga a examinar los controles sobre prestaciones que deberían garantizar derechos básicos a personas con discapacidad.
El caso de la prótesis que figuraba como entregada, pero nunca llegó al paciente, concentra esa dimensión del expediente: mientras los registros administrativos daban cuenta de una prestación cumplida, la familia denunciaba una realidad diferente.
La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer si las irregularidades detectadas responden a fallas de control o a un esquema delictivo. Mientras tanto, los informes incorporados a la causa aportan elementos para examinar el funcionamiento de las compras públicas durante la gestión de Spagnuolo y el destino de los fondos asignados al área de discapacidad.

