Se trata de una norma aprobada por la Legislatura porteña que aún no fue promulgada por el Ejecutivo. Especialistas advierten que equipara a los Consejos Profesionales creados por ley con una asociación civil sin potestad para regular el ejercicio profesional.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, en una sesión que se extendió por más de 26 horas, una ley que podría modificar de manera sustancial el esquema de regulación del ejercicio profesional en materia de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental. La norma, que todavía no fue promulgada por el Ejecutivo porteño, iguala a los Consejos Profesionales históricos —creados por decreto/ley nacional y con funciones delegadas por el Estado— con el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad, una asociación civil que solo cuenta con personería jurídica.
Según advierten especialistas del sector, esta equiparación implica un cambio profundo en el sistema de control vigente, ya que el Colegio de Higiene y Seguridad no forma parte del régimen legal previsto para las profesiones reguladas. “Un colegio es una asociación civil como tantas otras. Y una asociación civil no puede regular el ejercicio profesional”, señalaron.
Si bien la ley fue aprobada en el recinto, aún resta la decisión del Ejecutivo. Existe, además, un antecedente relevante: en 2007 una norma con objetivos similares fue vetada por Mauricio Macri cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno. Desde la Junta Central de Consejos Profesionales advirtieron que, de promulgarse la ley sin modificaciones, personas sin incumbencias habilitantes podrían validar instalaciones industriales, firmar informes ambientales, intervenir en pericias o emitir dictámenes técnicos.
“No se trata de simples trámites administrativos. Son actividades que pueden afectar directamente la salud, el ambiente y la seguridad de la comunidad. Por eso el Estado delegó históricamente estas funciones en Consejos creados por ley”, explicaron fuentes del organismo.
Los Consejos Profesionales administran desde hace más de 65 años la matriculación obligatoria en áreas como agrimensura, arquitectura, ingeniería, higiene, seguridad y protección ambiental. Entre sus atribuciones se encuentran el control del ejercicio profesional, la aplicación de sanciones disciplinarias y la garantía de que solo actúen profesionales con incumbencias habilitantes. Su autoridad emana de la delegación estatal y de un marco jurídico consolidado, respaldado por decretos y leyes nacionales.
En contraste, el Colegio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente fue creado en 1970 como una entidad privada. No cuenta con reconocimiento legal como organismo regulador del ejercicio profesional ni con potestades de control, pero busca adquirirlas a través de esta ley. De aprobarse definitivamente, advierten los especialistas, se abriría un escenario de doble matriculación con consecuencias graves: dispersión de responsabilidades, dificultades para aplicar sanciones, ausencia de instancias de apelación y la posibilidad concreta de eludir controles.
“La matriculación obligatoria es una función delegada por el Estado a los Consejos creados por ley. Una entidad privada con sola personería jurídica no puede otorgar matrícula habilitante. La doble matriculación genera vacíos regulatorios y complica la actuación de la Justicia ante un siniestro”, explicó Alejandro Pérez Vargas, vocero del Consejo Profesional. Y ejemplificó: “Un profesional sancionado por un derrumbe podría volver a ejercer rápidamente si existen dos entidades habilitantes. Eso implica un riesgo enorme”.
Pérez Vargas subrayó además que “profesionalizar a través de colegios privados puede implicar capacitación o formación continua, pero regular incumbencias es otra cosa. Definir quién puede firmar una pericia, una certificación, una auditoría o una evaluación de riesgos es una potestad del Estado, ejercida a través de los Consejos creados por ley”.
Desde el sector advierten que cualquier esquema de doble matriculación facilita la evasión de controles y genera zonas grises que, en profesiones de alto riesgo, pueden derivar en daños concretos para la comunidad. “En una ciudad con más de 5.400 edificios con riesgo de derrumbe, relajar los controles en seguridad e higiene es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse”, señalaron.
También alertaron que, si la norma se promulga tal como fue aprobada, la Ciudad podría habilitar la emisión de certificaciones técnicas sin garantías de incumbencia profesional, un escenario que —aseguran— no existe en ninguna jurisdicción seria del país. “Si se pone a realizar tareas críticas a personas no capacitadas, hay muertes”, concluyeron desde el Consejo de Ingenieros Químicos.
La decisión final ahora queda en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.