La investigación por el fallecimiento de un residente tras una sobredosis de potentes anestésicos sacó a la luz un entramado de sustracción de drogas críticas dentro del sistema sanitario, presuntamente utilizadas en encuentros sociales organizados por un profesional del área.
El caso se inició con el hallazgo sin vida de Alejandro Zalazar, médico de 35 años que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Fue encontrado el 23 de febrero en su domicilio, rodeado de instrumental clínico y ampollas de uso estrictamente hospitalario. Los estudios toxicológicos confirmaron que la muerte se produjo por una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias de altísimo riesgo cuyo manejo exige controles y protocolos rigurosos.
A partir de ese punto, la Justicia avanzó sobre el origen de los fármacos encontrados. La investigación condujo al Hospital Italiano, donde una auditoría interna detectó inconsistencias en el stock del área de Anestesiología. Desde la institución confirmaron que los insumos habían sido sustraídos de manera irregular, y apuntaron a un médico de planta —identificado como H.B.— y a una residente de tercer año, D.L., como principales implicados.
Según la hipótesis judicial, el anestesista no solo retiraba las drogas para consumo personal, sino que también organizaba reuniones privadas donde estas sustancias eran suministradas a los asistentes con fines recreativos. Bajo la fachada de encuentros sociales, se habrían administrado anestésicos por vía intravenosa en contextos completamente ajenos a la práctica médica, en una maniobra que expone graves fallas en los controles internos.
Frente a la gravedad del episodio, el Hospital Italiano informó que puso toda la documentación a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, en el marco de la causa 9887/2026. Por su parte, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires tomó distancia de los hechos y aclaró que su función es exclusivamente formativa, mientras que la administración de estas sustancias depende de cada institución.
El caso generó una fuerte conmoción en el ámbito médico y reabre el debate sobre la falta de controles efectivos en la trazabilidad de anestésicos y estupefacientes. La facilidad con la que estos fármacos habrían sido desviados deja en evidencia un problema estructural que, de no corregirse, puede derivar en nuevas tragedias.