El máximo tribunal podría expedirse a comienzos de febrero sobre una causa por presunto lavado de dinero que involucra al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y que se originó durante su gestión como intendente de Vicente López.
Según reveló el periodista Carlos Pagni en su columna dominical en La Nación, el propio Macri habría anticipado el escenario a su equipo de gobierno en una reunión de gabinete realizada en diciembre, cuando les pidió que se prepararan para una resolución adversa de la Corte Suprema. La advertencia no habría sido casual: el tribunal avanzó con la convocatoria de conjueces, un mecanismo poco frecuente que suele activarse en expedientes de alta sensibilidad institucional.
La causa se remonta a 2016, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició una investigación por la compra de un departamento en Miami valuado en poco más de 402 mil dólares. La operación se habría realizado a través de la sociedad “IconUnit 1704”, constituida en marzo de 2011 por Jorge Macri y su entonces esposa, Florencia de Nardi, con un capital declarado de apenas 10 mil dólares.
De acuerdo con la pesquisa, el inmueble fue adquirido mediante dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank y otro por la firma uruguaya Fawsley SA. Este último crédito habría sido posteriormente transferido a una empresa con sede en Panamá que quedó bajo control de Antonela Macri, hermana del actual jefe de Gobierno porteño. Para los fiscales, esa cadena de movimientos financieros carecería de justificación económica real y podría haber sido utilizada para encubrir el verdadero origen de los fondos.
Un año más tarde, el departamento fue vendido con una ganancia cercana al 25%, y el dinero retornó a la sociedad original, un dato que, según la acusación, reforzó las sospechas de una posible maniobra de blanqueo de capitales.
En 2019, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sobreseyó a Macri al considerar que no se había configurado delito, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló ambos fallos y, tras el rechazo de la Cámara de Casación Penal a revisar el caso, llevó el planteo ante la Corte Suprema.
En los últimos días de 2025, luego del sorteo de conjueces, el máximo tribunal designó a Abel Sánchez Torres, camarista federal de Córdoba, y a Pablo Candisano Mera, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Ambos aceptaron intervenir en la definición del expediente y se sumarán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para resolver si la causa debe reabrirse, tal como solicitó el procurador general interino Eduardo Casal y como, según Pagni, podría finalmente ocurrir.

