La medida, oficializada en el Boletín Oficial esta semana, implica el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, poniéndo en riesgo la cobertura y el mantenimiento de 118 rutas que abarcan más de 40.000 km.
El Ejecutivo dispuso la transferencia de todas las funciones de la DNV —diseño, construcción, conservación y planificación de rutas— al Ministerio de Economía y a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión busca “eliminar la corrupción en la obra pública” y dar “mayor eficiencia” a la gestión de la red vial, al tiempo que lanza la licitación para 9.120 km de rutas tras años de “despilfarro” y paralización de inversiones desde diciembre de 2023.
Sin embargo, sindicatos y organizaciones gremiales salieron al cruce de la medida. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), advirtió que el desmantelamiento de Vialidad “vacía de contenido técnico y federal la planificación de obras” y acusó al Gobierno de “abandono y desprecio” hacia el trabajo de más de 5.500 empleados. Además, subrayó que la falta de un organismo especializado incrementará “la peligrosidad en las rutas” y calificó el plan como “un genocidio en manos de funcionarios sin experiencia técnica”.
Aleñá reveló que, con el decreto, 118 rutas nacionales quedarán sin cobertura operativa y sin el mantenimiento preventivo que exige el Estado. “No es una simple reestructuración administrativa: es la destrucción de la capacidad estatal para garantizar la seguridad vial y la conectividad federal”, afirmó la dirigente, quien convocó a gobernadores y sectores políticos a rechazar el cierre y abrir una mesa de diálogo para preservar empleos y funciones estratégicas.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la eliminación de las facultades delegadas que permitían al Ejecutivo gobernar por decreto y aseguró que “no habrá prórrogas ni regresión al modelo kirchnerista”. Según explicó, la nueva Agencia de Control de Concesiones operará bajo criterios de “mercado y competitividad” y reemplazará al entramado estatal que, según sostiene el oficialismo, encarecía la obra pública sin eficacia comprobable.
Pese a los argumentos oficiales, el debate ya trasciende el plano laboral y se instala en la discusión sobre el rol del Estado en obras de infraestructura. Mientras el Gobierno anuncia grandes licitaciones, los trabajadores denuncian que la tercerización y la falta de una estructura técnica federalizada abrirán paso a inversiones guiadas por la rentabilidad, dejando de lado la equidad territorial y la seguridad de millones de usuarios que transitan las rutas argentinas cada día.