Para evitar una derrota legislativa, el oficialismo eliminó del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. Sin embargo, la iniciativa mantiene una reforma de 48 artículos que acelera los desalojos, modifica la Ley de Manejo del Fuego, endurece las condiciones para las expropiaciones y redefine distintos aspectos vinculados con la propiedad privada. Qué cambia en cada caso.
El Gobierno resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba cambios en la Ley de Tierras, ante la falta de respaldo suficiente en el Senado. Aun así, el texto que se debatirá este jueves conserva buena parte de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y continúa generando cuestionamientos desde distintos sectores.
Aunque el foco de la discusión pública estuvo puesto en la compra de tierras por parte de extranjeros, la iniciativa también introduce modificaciones en los procedimientos de desalojo, las expropiaciones, la protección de terrenos afectados por incendios, la regularización de viviendas y los registros inmobiliarios. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer el derecho de propiedad y reducir la intervención estatal. Para sus detractores, los cambios alteran el equilibrio entre ese derecho y otros intereses públicos.
Desalojos más rápidos
Uno de los principales cambios apunta a agilizar los procesos judiciales para recuperar un inmueble. Las causas pasarán a tramitar por una vía más expeditiva y, en determinadas circunstancias, un juez podrá ordenar la restitución de la propiedad antes de que finalice el juicio si considera suficientemente acreditado el derecho del propietario.
Quienes cuestionan la reforma sostienen que el nuevo esquema reduce los tiempos de defensa para inquilinos u ocupantes. El proyecto incorpora algunas salvaguardas para familias con niños, personas mayores y personas con discapacidad, aunque mantiene como eje central acelerar los desalojos.
Cambios en la protección de las tierras incendiadas
Otro de los puntos más debatidos modifica la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente establece restricciones para impedir durante años el cambio de uso de los terrenos afectados por incendios, con el objetivo de desalentar fuegos provocados para fines inmobiliarios, productivos o turísticos.
La reforma reduce el alcance de esas limitaciones y restringe la protección a un universo menor de tierras. Para el Gobierno, la modificación elimina trabas consideradas excesivas. Organizaciones ambientalistas y especialistas, en cambio, advierten que podría debilitar una de las principales herramientas para prevenir incendios intencionales.
Expropiaciones más costosas
El proyecto también modifica las reglas de las expropiaciones por causa de utilidad pública. En la actualidad, cuando el Estado necesita un inmueble para construir una ruta, un hospital, una escuela u otra obra pública, debe declarar la utilidad pública y pagar una indemnización equivalente al valor del bien.
La reforma incorpora nuevos requisitos y amplía los conceptos indemnizables. Además del valor del inmueble, la compensación podrá incluir el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario sostenga haber dejado de percibir como consecuencia de la expropiación.
De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es garantizar una protección más amplia del derecho de propiedad. Sus críticos advierten que el nuevo esquema encarecerá las expropiaciones y podría demorar o dificultar la ejecución de obras públicas al elevar el costo que deberá afrontar el Estado.