Convocan a una clase especial sobre la “otra mirada” de los años ’70 en el Dámaso Centeno, el colegio que depende administrativamente de Defensa y del Ejército. La iniciativa se inscribe en la avanzada oficial contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desató un fuerte rechazo de la comunidad educativa.
Los estudiantes de sexto año del Dámaso Centeno, el histórico colegio de Caballito administrado por el Ministerio de Defensa, deberán asistir el próximo martes a una clase dedicada a la denominada “memoria completa”, la consigna con la que desde hace años los sectores negacionistas intentan relativizar el carácter planificado y sistemático del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura.
Aunque las autoridades no informaron quiénes serán los expositores, distintos integrantes de la comunidad educativa sospechan que se trata del mismo seminario que Página/12 reveló el año pasado y que vienen dictando en liceos militares dos referentes vinculados a organizaciones que cuestionan los juicios por delitos de lesa humanidad, reclaman beneficios para represores condenados y promueven una reinterpretación de los años setenta en abierta tensión con los consensos democráticos construidos desde 1983.
Para familiares de desaparecidos, exalumnos y docentes, la actividad constituye un acto de adoctrinamiento negacionista impulsado desde el propio Estado. Denuncian que el Ministerio de Defensa pretende introducir en las aulas una narrativa que pone en cuestión décadas de construcción colectiva en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia y que busca instalar una falsa equivalencia entre el accionar de organizaciones armadas y el terrorismo ejercido desde el aparato estatal, cuyo carácter criminal fue establecido por centenares de sentencias judiciales.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave por tratarse del Dámaso Centeno, una institución atravesada por la represión ilegal. Trece de sus estudiantes permanecen desaparecidos como consecuencia del terrorismo de Estado. Entre ellos se encuentra Alejandro Almeida, hijo de Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. También Juan Eduardo Estévez, cuya historia fue reconstruida por Miriam Lewin, sobreviviente de los centros clandestinos Virrey Cevallos y la ESMA, quien denunció que durante su cautiverio la inteligencia de la Aeronáutica utilizaba fichas y fotografías de alumnos del colegio, evidencia del grado de colaboración institucional con la maquinaria represiva.
“Hablan de memoria completa mientras siguen incompletas las respuestas más elementales: dónde están los cuerpos de los desaparecidos, qué ocurrió con los hijos apropiados y quiénes participaron del plan sistemático de exterminio”, resume el malestar que atraviesa a la comunidad educativa.
El episodio no aparece como un hecho aislado. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la política pública de derechos humanos sufrió un cambio de rumbo que organismos especializados describen como el retroceso más profundo desde la recuperación democrática. Bajo la bandera de la denominada “memoria completa”, la administración nacional impulsó una revisión del consenso construido durante más de cuatro décadas en torno a la responsabilidad del Estado en el terrorismo desplegado entre 1976 y 1983.
Ese giro se expresó tanto en el plano simbólico como en el institucional. El Gobierno produjo materiales audiovisuales para el 24 de marzo que recuperan la narrativa de la “memoria completa”, desmanteló áreas encargadas de aportar documentación a los juicios por crímenes de lesa humanidad, interrumpió políticas de cooperación con organismos dedicados a la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura e incorporó a cargos estratégicos a referentes que desde hace años cuestionan los procesos judiciales contra represores y reivindican la agenda histórica de los sectores que buscan clausurar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
En el Ministerio de Defensa esa orientación adquirió una expresión particularmente nítida. Tras el desplazamiento de los equipos técnicos que colaboraban con la Justicia en el relevamiento documental de archivos militares, la cartera sumó como asesores a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, referentes de organizaciones que promueven la llamada “memoria completa”. Ambos continúan desempeñándose bajo la gestión del actual ministro, el general Carlos Presti, quien tampoco designó hasta el momento una conducción específica para el área de Derechos Humanos.
Desde hace meses, esos mismos referentes recorren establecimientos militares ofreciendo seminarios sobre la denominada “verdad completa”. Según la respuesta oficial a un pedido de acceso a la información realizado por Página/12, las clases se basan esencialmente en sus testimonios personales. Todo indica que el esquema será replicado ahora en el Dámaso Centeno, un colegio civil administrado por Defensa y atravesado por una historia inseparable del terrorismo de Estado.
La preocupación excede el contenido de una charla. Lo que está en discusión es el papel que el propio Estado asume frente a uno de los consensos fundacionales de la democracia argentina. Para quienes integran la comunidad educativa, utilizar una institución marcada por la desaparición de trece de sus estudiantes para difundir la narrativa de la “memoria completa” constituye un intento de resignificar el pasado desde el poder estatal y de erosionar, precisamente allí donde debería preservarse, la política de Memoria, Verdad y Justicia que convirtió a la Argentina en una referencia internacional en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

