La diputada de La Libertad Avanza quedó bajo la lupa por supuestas inconsistencias en su declaración jurada y por una segunda causa vinculada al financiamiento de la defensa de su abogado particular.
La diputada nacional Lilia Lemoine enfrenta dos denuncias judiciales que podrían complicar su situación. Una de ellas apunta a presuntas irregularidades en su declaración jurada patrimonial, mientras que la otra investiga si utilizó un contrato de la Cámara de Diputados para cubrir los honorarios de su abogado privado. A esto se suma que, hasta el momento, la legisladora aún no presentó la declaración jurada correspondiente al período 2024.
Las presentaciones fueron realizadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes cuestionaron la información consignada por Lemoine en la declaración jurada presentada en octubre de 2024, correspondiente al ejercicio anterior.
De acuerdo con los denunciantes, la legisladora nunca presentó la declaración jurada inicial que la normativa exige a todos los funcionarios dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la asunción del cargo. Lemoine asumió como diputada nacional el 10 de diciembre de 2023.
La única documentación patrimonial presentada hasta el momento corresponde al período 2023. En ella declaró no poseer bienes, deudas ni gastos personales, consignando un patrimonio total de cero pesos.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que esa información no coincide con los registros públicos. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 Lemoine registraba deudas por aproximadamente 502 mil pesos con cuatro entidades financieras.
Entre esos compromisos figuraba una deuda con Tarjeta Cencosud clasificada en situación 4, categoría que refleja un atraso significativo en los pagos. También aparecían obligaciones con el Banco Ciudad y créditos vinculados a Mercado Libre.
“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó el abogado Facundo Pérez Ernst en declaraciones a Página/12.
Según detalló el letrado, la diputada canceló esas obligaciones luego de comenzar a percibir su sueldo como legisladora. No obstante, sostuvo que esa circunstancia no modificaba la obligación de informar cuál era su situación patrimonial al momento de asumir el cargo.
Las observaciones también alcanzan a los bienes inmuebles. Los denunciantes afirman que Lemoine debió incluir en su declaración la vivienda que habita actualmente y que heredó de su madre.
La legisladora sostuvo públicamente que no la incorporó porque el trámite sucesorio aún no finalizó. Sin embargo, Pérez Ernst argumentó que, al tratarse de hija única, ya posee derechos sucesorios que debían ser informados.
Además, un testigo de identidad reservada aseguró que existirían otras propiedades vinculadas a la diputada en los barrios de Belgrano e Ituzaingó. Esa información, por el momento, no fue corroborada judicialmente.
La segunda denuncia surgió a partir de declaraciones realizadas por la propia Lemoine durante una entrevista, en la que afirmó que los honorarios de su abogado penalista eran cubiertos mediante un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados.
La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, quien ya citó a los denunciantes para ratificar la presentación. La investigación busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos para afrontar gastos de carácter privado.
Según los denunciantes, a raíz de esa investigación el abogado dejó de representar a la diputada y anunció su salida del Congreso, aunque esa situación aún no fue confirmada oficialmente.
Consultado por Página/12, el abogado de Lemoine, Hernán Seivane, relativizó las acusaciones. “Cuando la fiscalía diga que hay algo raro, contestaré. De momento no hay nada”, afirmó.
Respecto de las presuntas inconsistencias en la declaración jurada, agregó: “No soy contador; oportunamente hablaré con un contador en caso de que haya algún error material en la misma”.
Las denuncias colocan a una de las dirigentes más visibles de La Libertad Avanza bajo investigación judicial y abren un nuevo foco de tensión para el oficialismo, que deberá afrontar cuestionamientos sobre la transparencia patrimonial de una de sus principales referentes.