Este miércoles 21 de mayo, la habitual marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires fue nuevamente escenario de una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad. La Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería aplicaron el protocolo antipiquete, impidiendo que los manifestantes pudieran bajar a la calle y generando enfrentamientos con los presentes.
Los incidentes comenzaron cuando los manifestantes intentaron realizar un “semaforazo” en la esquina de Callao y Rivadavia, momento en que la Infantería de Gendarmería avanzó para disuadir la protesta. La situación escaló rápidamente: manifestantes con los rostros cubiertos respondieron con palos, cinturones y golpes, e incluso llegaron a arrebatar escudos a efectivos de seguridad. Por su parte, la Gendarmería utilizó gases lacrimógenos y bastones para dispersar a los presentes. Varios manifestantes resultaron heridos y debieron ser asistidos por equipos de emergencias.
Entre los heridos se encuentran al menos tres periodistas que cubrían la movilización. Según reportes, dos fueron alcanzados por balas de goma y gas pimienta lanzados por las fuerzas de seguridad, y otro recibió un corte en la cabeza por golpes de los efectivos de Gendarmeria Nacional. Los cronistas afectados debieron ser asistidos por equipos de emergencia en el lugar.
La represión también afectó a los manifestantes: una jubilada fue violentamente golpeada por un policía con un bastón en la cabeza, resultando herida. En total, se registraron al menos 13 personas heridas por efecto de los gases lacrimógenos, entre ellos jubilados y trabajadores de prensa.
La brutalidad del operativo generó una ola de repudios. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y denunció el accionar de las fuerzas como una violación a la libertad de prensa.
Este episodio se suma a una serie de represiones recientes en las movilizaciones semanales de jubilados, quienes protestan por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, exigiendo pensiones dignas y acceso a medicamentos y servicios de salud.
Las imágenes de la represión, incluyendo a policías disparando directamente contra manifestantes y periodistas, han sido difundidas ampliamente en redes sociales, generando indignación en amplios sectores de la sociedad.
La violencia ejercida contra manifestantes y periodistas en esta marcha representa un grave atentado contra los derechos humanos y la libertad de expresión en Argentina.