En un contexto adverso para la Casa Rosada, el oficialismo busca retomar la iniciativa y ordenar la agenda tras semanas de impacto negativo en la imagen presidencial. El proyecto incluye la eliminación de las elecciones primarias, cambios en el financiamiento de campañas y la incorporación de la “ficha limpia”.
El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Senado de la Nación Argentina el proyecto de ley de reforma electoral, una iniciativa que apunta a modificar aspectos centrales del sistema político. Entre los ejes principales se destacan la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la reformulación del financiamiento de las campañas y la inclusión del mecanismo conocido como “ficha limpia”, que impediría ser candidatos a dirigentes con condenas por corrupción en segunda instancia, una propuesta que ya había sido rechazada en la Cámara alta el año pasado.
El texto ingresó formalmente al recinto a las 18 y propone derogar el régimen vigente de primarias, al tiempo que introduce cambios en la Ley de Partidos Políticos, endureciendo los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones. En la práctica, la iniciativa concentra la definición de candidaturas dentro de las estructuras partidarias, reduciendo los mecanismos de competencia interna.
Otro punto clave es la modificación del esquema de financiamiento político. El proyecto establece nuevas reglas para los aportes públicos y privados, incorpora mayores controles y fija límites a las contribuciones. Sin embargo, también elimina los espacios publicitarios gratuitos en medios, un instrumento que históricamente buscó equilibrar la visibilidad entre fuerzas con distintos niveles de recursos. Con este cambio, la capacidad de difusión queda más expuesta al peso económico de cada espacio.
La iniciativa suma además nuevas exigencias para el reconocimiento de partidos a nivel nacional: deberán tener presencia en al menos diez distritos, en lugar de los cinco requeridos hasta ahora. A su vez, habilita a las agrupaciones a renunciar al aporte público anual, en línea con el discurso oficial de reducción del gasto estatal.
En materia de votación, el proyecto introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel. Se incorpora un casillero para votar lista completa y se habilita que, en elecciones simultáneas con provincias, la boleta nacional incluya cargos locales en su parte inferior, también con opción de voto por lista completa. Este esquema podría facilitar la integración de boletas entre distintos niveles de gobierno.
Desde el oficialismo celebraron la iniciativa a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, en el que se pone el foco en el ahorro fiscal. Según señalaron, las PASO de 2023 implicaron un costo cercano a los 45 mil millones de pesos. En esa línea, el texto sostiene que el sistema electoral argentino “es caro, opaco y fomenta el financiamiento irregular”.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Más allá del argumento económico, distintos sectores advierten que la eliminación de las PASO y de los espacios publicitarios gratuitos puede profundizar las desigualdades en la competencia electoral, favoreciendo a quienes cuentan con mayores recursos y debilitando la participación interna dentro de los partidos. En ese marco, el debate que se abre en el Congreso no solo será técnico, sino también político: está en juego el equilibrio del sistema democrático y las condiciones reales de acceso al poder.