Argentina ganó el juicio contra los fondos buitre por la expropiación de YPF

La Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo que obligaba al país a pagar más de u$s16.100 millones. El tribunal también ratificó que YPF no tuvo responsabilidad en el proceso de estatización de 2012.

En una decisión de alto impacto económico y político, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar más de u$s16.100 millones por la expropiación de YPF. El fallo representa un fuerte alivio para las finanzas públicas y reconfigura uno de los litigios más costosos de la historia reciente del país.

El tribunal de alzada no solo revocó la resolución de primera instancia, sino que además confirmó que la petrolera fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad en el proceso de estatización impulsado en 2012.


Un fallo que cambia el rumbo del caso

El conflicto judicial se remonta a 2015, pero alcanzó su punto más crítico en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino pagar una indemnización multimillonaria a los fondos demandantes.

La magistrada consideró que el país había incumplido el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios tras la expropiación del 51% de las acciones, entonces en manos de la española Repsol.

Los principales beneficiarios del fallo eran los fondos Petersen Energía y Eton Park, con respaldo financiero del gigante del litigio Burford Capital.


Los argumentos que lograron revertir la condena

Durante la etapa de apelación, la defensa argentina desplegó una estrategia basada en tres ejes centrales. El principal apuntó a cuestionar la jurisdicción del caso, sosteniendo que el conflicto debía resolverse en tribunales argentinos y no en Estados Unidos.

Este argumento fue acompañado por críticas a la interpretación del derecho local realizada en primera instancia. Según la defensa, se cometieron errores al analizar la relación entre la ley de expropiación —que habilitó la estatización— y los estatutos internos de la compañía.

El planteo fue respaldado por distintas administraciones, desde la gestión de Mauricio Macri, pasando por la de Alberto Fernández, hasta la actual de Javier Milei.

En una votación dividida (2 a 1), los jueces del tribunal concluyeron que los reclamos por daños no eran sostenibles bajo el derecho argentino, lo que justificó la anulación de la condena.


Un alivio millonario que evita un escenario crítico

Como alternativa, la Argentina había planteado un recálculo del monto indemnizatorio basado en criterios del derecho estadounidense. De haberse aplicado, la cifra podría haberse reducido a unos u$s4.920 millones.

Sin embargo, la revocación total del fallo dejó sin efecto esa discusión y eliminó, al menos por ahora, la obligación de pago.

También quedó anulada una orden previa que obligaba al país a entregar acciones de YPF como parte de cumplimiento de la sentencia.


Qué puede pasar ahora

Si bien los demandantes aún podrían intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran poco probable que el máximo tribunal acepte revisarlo.

De confirmarse este escenario, la decisión de la Cámara de Apelaciones se consolidaría como un cierre casi definitivo para uno de los litigios más sensibles para la Argentina en la última década.


El origen del conflicto

La disputa se originó tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el 51% de YPF en 2012, con el objetivo de recuperar el control estatal de la compañía ante la caída en la producción de hidrocarburos.

En aquel momento, la participación fue adquirida a Repsol por unos u$s5.000 millones, pero no se realizó una oferta pública para el resto de los accionistas, lo que dio lugar a las demandas.


Reacción del Gobierno

Tras conocerse el fallo, el presidente Javier Milei celebró la decisión en redes sociales con un mensaje contundente: “Ganamos en el juicio”.

El anuncio fue difundido inicialmente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto político marcado por cuestionamientos a su figura, lo que también sumó lectura política al momento elegido para comunicar la noticia.

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