El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.
El Artículo 1 del Código de Ética de FOPEA reafirma que el compromiso primordial del periodismo es la búsqueda de la verdad a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual, y no en la imposición de dogmas. El periodismo no establece verdades desde una posición de poder, sino que aporta información verificada. En ese sentido, la pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible entra en conflicto con los principios de una sociedad democrática y plural.
La organización advirtió sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado una suerte de “tribunal de la verdad” y consideró alarmante que la iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Según FOPEA, esto confirma el uso de una estructura oficial y recursos públicos para vigilar, señalar o estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica.
FOPEA también señaló que esta medida se produce en un contexto en el que desde el poder se dificulta el acceso a la información pública, se modifican por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se realizan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial.
A lo largo de sus 23 años de vida institucional, FOPEA ha expresado públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por distintos gobiernos, recordando que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, y no de auditar el discurso público ni hostigar a quienes ejercen el oficio de informar.
La organización sostuvo que el periodismo debe estar expuesto a la crítica, pero advirtió que ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público sin afectar la libertad de expresión y la rendición de cuentas que requiere una democracia.

