La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario porteño y la Ley de Ejecución de la Pena, un paquete de normas presentado como “histórico” por el oficialismo, pero que llega en un contexto de fuerte presión por la sobrepoblación en comisarías y por la falta de infraestructura propia, dos problemas que el Gobierno de Jorge Macri aún no logra resolver.
Con 54 votos afirmativos y solo tres negativos, se oficializó por primera vez un sistema penitenciario bajo control directo de la Ciudad. El nuevo organismo dependerá de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y prevé una estructura jerárquica compuesta por un director general, un subdirector y direcciones específicas de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico y Tratamiento, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. El ISSP será responsable de la formación permanente de los agentes.
El flamante servicio se dividirá en dos cuerpos: los Agentes de Seguridad Penitenciaria, orientados exclusivamente a la custodia, y los Agentes de Reintegración Social, encargados del tratamiento individual de cada detenido y del diseño de un Plan de Vida, una herramienta que el Ejecutivo porteño presenta como clave para mejorar la reinserción. Sin embargo, sectores críticos advierten que la Ciudad aún no dispone de infraestructura suficiente para ejecutar estos programas de manera efectiva.
La aprobación ocurre mientras siguen las negociaciones con el Gobierno nacional por el traspaso del Servicio Penitenciario Federal y por el destino de más de 2.400 detenidos actualmente alojados en comisarías y alcaidías porteñas. El convenio incluye el uso parcial de los penales de Ezeiza y Marcos Paz, así como el traslado de los internos de la cárcel de Devoto, que dejaría de funcionar, aunque aún no hay un cronograma público definitivo.
Desde distintos bloques destacaron el consenso, aunque también surgieron advertencias. La presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry (UCR), habló de “un punto de inflexión”, mientras que Gimena Villafruela (PRO) lo calificó como un paso firme hacia la autonomía. Desde la oposición, Graciana Peñafort (UxP) sostuvo que el texto mejoró tras las negociaciones y lo consideró “más integral y más humano”, pero advirtió que el éxito dependerá de la inversión real que haga la Ciudad. Rebeca Fleitas (LLA) remarcó que la medida viene a saldar “una deuda de más de tres décadas”.

Jorge Macri celebró el avance, asegurando que contar con un sistema penitenciario propio “impactará directamente en la vida cotidiana de los vecinos”. Sin embargo, organizaciones vinculadas a derechos humanos y especialistas en políticas penitenciarias señalan que, sin recursos suficientes ni planificación clara, el riesgo es crear un nuevo organismo sin capacidad plena de gestión.
Según datos oficiales, hoy hay 2.432 personas detenidas en dependencias porteñas: 414 imputadas, 1.628 procesadas y 390 condenadas. La mayoría —1.665— está acusada de delitos contra la propiedad. Con esta nueva legislación, la Ciudad apuesta a aliviar la saturación de comisarías y avanzar en un modelo de gestión propio. No obstante, persisten dudas sobre cómo y cuándo podrá concretarse un sistema penitenciario realmente funcional y acorde a los estándares que la propia norma promete.

