El Congreso de la Nación activó una de sus facultades más poderosas dentro del sistema republicano: revertir un veto presidencial. Este jueves, con 63 votos a favor, el Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, anulando el rechazo total que había firmado Javier Milei. La decisión, que ya había sido anticipada en Diputados, constituye un hecho institucional histórico: hacía 22 años que ambas cámaras no daban marcha atrás a un veto del Ejecutivo.
El artículo 83 de la Constitución establece que, si las dos cámaras insisten con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo se ve obligado a promulgar la norma. Esta vez, La Libertad Avanza quedó completamente aislada: seis de sus siete senadores votaron en contra y la única ausente fue Vilma Bedia. El resto de los bloques se unió en una mayoría amplia que volvió a ponerle un límite concreto a la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno.
La votación se desarrolló en un contexto político atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular, Diego Spagnuolo, fue desplazado tras denuncias de corrupción en compras públicas y la filtración de audios que incluso comprometen a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia.
Desde Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, acompañaron con su voto positivo, reafirmando el compromiso de la provincia con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su postura cobró aún mayor relevancia tras las recientes auditorías irregulares realizadas en San Ignacio y 25 de Mayo por la ANDIS, donde se detectaron falsificación de sellos médicos, citaciones a domicilios inexistentes, personal no identificado, locaciones improvisadas y certificados sin validez legal.
En línea con esta posición, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a presentar un amparo judicial contra la Nación por la baja arbitraria de pensiones no contributivas en Misiones. En el expediente N° 2128/2025, la provincia exige la restitución inmediata de los pagos suspendidos, el pago retroactivo de lo adeudado, la nulidad de las auditorías y la implementación de mecanismos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.
Discapacidad, ajuste y gobernabilidad
La ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Entre sus puntos clave contempla el financiamiento sostenible de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles de prestaciones, el fortalecimiento de la ANDIS y la apertura de nuevos ingresos al régimen de empleo protegido. En definitiva, responde a los reclamos de miles de familias afectadas por suspensiones de beneficios y la desactualización de coberturas.
La oposición fue contundente. El pampeano Daniel Bensusan (UP) cuestionó: “El famoso ahorro de Caputo y Sturzenegger es una mentira; no es eficiencia, es abandono”. La entrerriana Stefanía Cora habló de “ignorancia en la gestión”, y la santacruceña Natalia Gadano sentenció: “No se puede vetar la dignidad”. Incluso voces alejadas del kirchnerismo, como el radical fueguino Pablo Blanco y la porteña Guadalupe Tagliaferri, coincidieron en que la “motosierra” no puede aplicarse sobre los sectores más vulnerables.
En la vereda opuesta, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió el veto presidencial, argumentando que “ya existe un marco normativo” y que el problema radica en la gestión, no en la falta de leyes. Pero su posición quedó confinada a una minoría sin capacidad de revertir el clima adverso.
El trasfondo político es evidente: el Congreso decidió ponerle un freno a la estrategia de ajuste del Ejecutivo cuando esta se proyecta sobre un colectivo sensible, que incluye a más de cinco millones de argentinos. El resultado evidencia la debilidad del oficialismo para construir consensos parlamentarios y expone grietas en su relato de austeridad, especialmente tras el escándalo de corrupción que salpica directamente a la Casa Rosada.
Para Milei, la derrota es significativa: su primera gran batalla perdida en el Congreso no gira en torno a un tema fiscal abstracto, sino a una cuestión socialmente explosiva. El desenlace pone a prueba la capacidad de La Libertad Avanza para sostener la gobernabilidad en un escenario donde el equilibrio de poder parece inclinarse, cada vez más, hacia el Parlamento.

