La Casa Rosada denunció “una operación de inteligencia ilegal” y consiguió que la Justicia limite a los medios la posibilidad de difundir cualquier audio de la hermana del presidente.
El gobierno de Javier Milei obtuvo en tiempo récord un fallo del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello que prohíbe la publicación, reproducción o circulación de los audios de Karina Milei, presuntamente grabados de manera ilegal en la Casa Rosada.
La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró la decisión: “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, sostuvo.
El fallo prohíbe difundir el material “por cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual o digital, incluyendo redes sociales, plataformas y sitios web”. Sin embargo, deja en claro que la restricción alcanza únicamente a los audios grabados dentro de la Casa Rosada.
Lo más controvertido de la resolución es el argumento del magistrado, que sostiene que “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría generar la difusión” del material. Además, advierte que la filtración podría causar “un daño de difícil o imposible reparación ulterior”, aunque lo paradójico es que el juez no conoce el contenido de los audios, por lo que desconoce qué tipo de “daño” podrían provocar.
Antes de este fallo, el Ejecutivo ya había presentado una denuncia penal por violación de la Ley de Inteligencia, en la que solicita expresamente la censura a los medios y, además, allanamientos a periodistas. La causa recayó en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, quien aún no adoptó medidas, aunque circulan versiones sobre posibles allanamientos.
En la presentación, el gobierno pidió puntualmente el allanamiento de Carnaval Stream, el medio que difundió los audios, y la incautación de “servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación vinculada a la difusión del material”.

Pero el pedido va más allá: solicita también allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del abogado Franco Bindi y del empresario Pablo Toviggino, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos y documentación personal.
En la misma denuncia, el Ejecutivo reclama que la Justicia adopte “medidas cautelares urgentes para impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, estableciendo la prohibición absoluta de difundir nuevos registros relacionados con el caso. Además, advierte que quienes no acaten la medida podrían incurrir en el delito de desobediencia, e insta a medios, organismos y plataformas digitales a colaborar con la censura.
Las acciones del gobierno se alinean con la postura de la legisladora oficialista Florencia Arietto, quien este domingo reclamó que los periodistas revelen sus fuentes, desconociendo que la Constitución Nacional garantiza la protección del secreto profesional.

