Estela Chávez, una jubilada que cobra el haber mínimo, permaneció más de un mes detenida por un presunto intento de hurto de un corte de carne en un supermercado de San Fernando. Tiene más de 65 años, sufrió problemas de salud durante el encierro y estuvo alojada en una alcaidía porteña sin posibilidad de recibir visitas. Finalmente, consiguió la excarcelación después de que su familia reuniera los $150.000 que le exigieron como caución. El caso expone el ensañamiento del sistema penal con quienes atraviesan situaciones de pobreza, en un país donde cada vez más personas tienen dificultades para garantizarse algo tan básico como la comida.
El episodio ocurrió el 8 de octubre. Según las cámaras de seguridad del supermercado, Estela intentó ocultar un corte de carne entre sus prendas, pero fue interceptada por personal de seguridad antes de atravesar la línea de cajas. La intervención policial derivó en una causa por tentativa de hurto.
Lo que siguió resulta difícil de justificar: una mujer jubilada, que percibe el haber mínimo, terminó pasando más de un mes privada de su libertad por un delito contra la propiedad que ni siquiera llegó a consumarse.
El 26 de octubre, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25 dictó su prisión preventiva. Su situación procesal también quedó vinculada con un expediente anterior por otro presunto intento de sustraer alimentos. Desde entonces permaneció alojada en la Alcaidía N.º 15 de Chacarita, un establecimiento destinado a detenciones transitorias, donde las personas deberían permanecer apenas unos días.
Una jubilada enferma y encerrada por intentar conseguir comida
Las condiciones de detención agravaron todavía más la situación de Chávez. Compartía una celda con otras cinco mujeres y, según denunció su familia, comenzó a sufrir problemas pulmonares por la exposición permanente al humo de cigarrillo, además de una infección urinaria que requirió atención médica.
El 21 de octubre tuvo que solicitar asistencia a través de su defensor para conseguir un traslado y recibir antibióticos. El 3 de noviembre volvió a necesitar atención sanitaria.
Su hijo, Mariano Franco, contó las dificultades que atravesaba para asistirla. Una vez por semana debía acercarse a la alcaidía para entregar ropa limpia, alimentos y elementos de higiene, pero no podía verla.
«Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí, está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman, fuman adentro, está en una celda con otras cinco», relató.
La familia también cuestionó las demoras judiciales y el hecho de que una mujer de su edad, con problemas de salud y una acusación por tentativa de hurto, no hubiera podido acceder antes a una medida alternativa a la prisión.
Finalmente, la excarcelación fue firmada el viernes 13 de noviembre, pero para concretarla sus familiares tuvieron que reunir los $150.000 de caución. Así, después de más de un mes de encierro, Estela podrá esperar en libertad el desarrollo del proceso judicial.
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El sistema penal contra los pobres y el hambre como delito
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué justifica que una jubilada que cobra la mínima pase más de un mes detenida por intentar llevarse comida de un supermercado?
La intervención policial, la prisión preventiva y las condiciones de alojamiento muestran una respuesta estatal profundamente desproporcionada frente a una situación que también tiene un trasfondo social evidente: la imposibilidad de muchas personas de cubrir sus necesidades más elementales.
No se trata de negar la existencia de una investigación judicial, sino de preguntarse por qué el sistema responde con semejante despliegue punitivo ante hechos de esta naturaleza, sin considerar suficientemente las condiciones económicas y sociales de quienes los protagonizan.
El caso tampoco es aislado. Según información publicada por El Destape, otras personas atravesaron procesos penales por intentar llevarse alimentos de supermercados. Uno de esos episodios involucró a una persona que intentó llevarse una bandeja de carne picada valuada en $5.669,05, después de pasar casi 24 horas sin comer. Fue detenida, perdió su trabajo y finalmente obtuvo el sobreseimiento.
En otro caso, un hombre que había intentado llevarse chocolates y donas también terminó siendo absuelto después de atravesar distintas instancias judiciales.
La aplicación del denominado principio de insignificancia, que permite considerar que ciertos hechos no justifican una intervención penal por la escasa entidad del daño, parece encontrar cada vez más obstáculos cuando los involucrados son personas en situación de vulnerabilidad.
Dos varas frente a la Justicia
El contraste con el tratamiento de las causas que involucran a funcionarios del poder político también alimenta el debate sobre la desigualdad ante la Justicia.
El caso de Manuel Adorni es ilustrativo, aunque requiere una precisión: la Justicia archivó la investigación por el traslado de su esposa en el avión presidencial, mientras que en la causa por presunto enriquecimiento ilícito el fiscal consideró que no había elementos suficientes para sostener esa acusación y pidió que se investiguen posibles irregularidades tributarias. Esta última investigación no quedó definitivamente cerrada.
La diferencia de trato que percibe la sociedad resulta difícil de ignorar: mientras una jubilada que cobra la mínima debió pasar más de un mes detenida por un intento de hurto de alimentos, las investigaciones que involucran a figuras del poder político transitan expedientes complejos, con defensas especializadas y otros tiempos judiciales.
La pobreza no debería ser castigada con más pobreza
El caso de Estela Chávez expone una realidad que el discurso oficial suele dejar en segundo plano: detrás de las estadísticas económicas hay personas que no llegan a fin de mes, jubilados que no pueden comprar alimentos y familias que deben elegir qué necesidades postergar.
Una mujer que trabajó durante años en casas particulares, crió a seis hijos y hoy depende de una jubilación mínima terminó encerrada por intentar llevarse un corte de carne.
Que haya recuperado la libertad no borra lo sucedido ni devuelve el mes que pasó en condiciones de detención que, según denunció su familia, deterioraron su salud.
La pregunta ya no es solamente por qué intentó llevarse comida, sino qué clase de sociedad permite que una jubilada termine en una celda por no poder garantizarse algo tan básico como alimentarse. Y, sobre todo, qué sentido tiene un sistema judicial que parece tener mucha más rapidez para perseguir la supervivencia de los pobres que para resolver los problemas estructurales que los empujan a esa situación.