Paltas, frutas, cajones y mercadería secuestrada. Los operativos contra vendedores ambulantes volvieron a instalar una pregunta incómoda: ¿la Ciudad está ordenando el espacio público o descargando todo el peso del Estado sobre quienes menos tienen?
Hay una imagen que cada vez resulta más habitual en las calles porteñas: grupos de inspectores con chalecos verdes recorriendo las veredas, rodeando a vendedores ambulantes y retirando la mercadería con la que esas personas intentan conseguir un ingreso.
No se trata solamente de manteros de grandes concentraciones comerciales. En los últimos meses, los operativos alcanzaron también a vendedores individuales que ofrecen frutas y otros productos para sobrevivir. Y las paltas se convirtieron casi en el símbolo de esta persecución.
Estas imágenes muestran y demuestran cómo se maneja la policía de la ciudad. A los palos y a los golpes se ve como tratan a esta mujer en el barrio de Belgrano, que lo único que está haciendo es tratar de ganarse un mango para comer y sobrevivir en este país donde estamos cada vez peor.
La Ciudad podrá invocar normas, actas y facultades administrativas. Pero hay algo que ningún expediente puede ocultar: cuando se llevan la mercadería, se están llevando el capital de trabajo de una persona.
Un episodio reciente que volvió a poner el tema en el centro
El 15 de agosto de 2026 ocurrió un episodio particularmente grave en Constitución.
Según el testimonio publicado por Revista Cítrica, en la esquina de Brasil y Salta un grupo de agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana intervenía contra un joven que vendía paltas.
Alfredo Cuellar y su hijo pasaban por el lugar y, según relató posteriormente Cuellar, intervinieron para pedir que cesara el trato que estaban observando hacia el vendedor.
El episodio terminó con la intervención de numerosos efectivos de la Policía de la Ciudad y con ambos hombres detenidos.
Cuellar denunció además haber sido golpeado durante el procedimiento y posteriormente constató lesiones, entre ellas fracturas en el pie, según el relato publicado por el medio.
¿Cómo puede terminar con personas detenidas y heridas un procedimiento que comenzó con un vendedor de paltas en una vereda?
@drix.md 🚨 TENSIÓN EN AV.SAN PEDRITO Y AV.RIVADAVIA❌️ FISCALIZACIÓN Y UN VENDEDOR AMBULANTE Agentes de fiscalización intentaban retirar las pertenencias de un vendedor ambulante. La situación se fue poniendo cada vez más tensa y varias personas que estaban en el lugar comenzaron a intervenir y reclamar por el trato que estaba recibiendo. 👉 Ante los gritos y el reclamo de la gente, finalmente le devolvieron sus cosas. ¿CONTROL O ABUSO DE AUTORIDAD? 🤔 ¿Hasta dónde puede llegar un operativo de fiscalización? 📍 Av. San Pedrito y Av. Rivadavia 🎥 Imágenes registradas en el lugar. Mirá el video completo y sacá tus propias conclusiones. #Fiscalizacion #VendedorAmbulante #BuenosAires #CABA #argentina🇦🇷
¿Fiscalización o castigo económico?
Aquí aparece el punto más delicado.
El Gobierno de la Ciudad tiene facultades para fiscalizar actividades comerciales no autorizadas en el espacio público. Eso no está en discusión.
La cuestión es cómo se utilizan esas facultades y qué consecuencias producen.
Para la administración, una caja de paltas puede ser “mercadería secuestrada”.
Para el vendedor, puede representar todo el dinero que tenía invertido.
Puede representar la compra realizada esa misma madrugada.
Puede representar el dinero que necesitaba para volver a comprar al día siguiente.
Puede representar, directamente, la comida de su familia.
Por eso, cada decomiso debería ser observado también desde una perspectiva económica y social.
No se está retirando simplemente un objeto abandonado en la calle. Se está retirando el instrumento con el que alguien intenta generar un ingreso.
Los “ladrones de guante blanco”
Hay una expresión que puede resultar políticamente incómoda, pero que describe la percepción que estos operativos generan en parte de la sociedad:
“Ladrones de guante blanco”.
No como una acusación jurídica contra los inspectores —porque no corresponde llamar delincuente a una persona sin una resolución judicial que determine un delito—, sino como una forma de expresar la paradoja.
El vendedor compra la mercadería con su propio dinero.
La carga.
La transporta.
La ofrece en la calle.
Corre el riesgo de no venderla.
Y, si aparece un operativo, puede terminar perdiendo aquello que había comprado para trabajar.
Mientras tanto, quienes ejecutan el procedimiento cobran un salario público por retirar ese capital de trabajo.
Desde la perspectiva del vendedor, la sensación puede ser brutal:
trabajar todo el día para que el Estado aparezca y se lleve el resultado del trabajo.
El argumento del espacio público
La Ciudad puede argumentar que las veredas deben estar libres, que los comercios formales pagan impuestos y habilitaciones y que el espacio público tiene reglas.
Es un argumento legítimo para ser discutido.
Pero hay una diferencia enorme entre regular una actividad y perseguir a quienes la ejercen como mecanismo de subsistencia.
El Código Contravencional porteño incluso contiene una previsión específica respecto de la venta ambulante. Su artículo 99 establece que no constituye contravención la venta ambulante de determinados artículos y, en general, aquella que no implique una competencia desleal efectiva con el comercio establecido. Esta disposición ha sido invocada en discusiones recientes sobre los procedimientos contra vendedores ambulantes.
Por eso, no alcanza con repetir que “hay que cumplir la ley”.
La pregunta es qué norma concreta se está aplicando en cada procedimiento, qué infracción se imputa y qué autoridad interviene.
Una ciudad que puede ser implacable con el que vende paltas
Hay algo particularmente incómodo en estas imágenes.
La Ciudad puede desplegar recursos humanos y policiales para intervenir contra una persona que intenta vender frutas.
Puede movilizar inspectores.
Puede llamar a la Policía.
Puede retirar mercadería.
Puede iniciar actuaciones.
Pero esa misma capacidad estatal también podría utilizarse para facilitar la formalización, ofrecer alternativas, generar permisos accesibles o construir mecanismos que permitan que una persona que necesita trabajar pueda hacerlo dentro de un marco legal.
La discusión, entonces, no debería reducirse a “vendedores buenos” contra “vendedores malos”.
Tampoco a “orden” contra “desorden”.
La discusión debería ser mucho más simple:
¿Qué hace una ciudad cuando encuentra a una persona intentando ganarse la vida en una vereda?
¿Le ofrece una salida?
¿Le explica cómo regularizarse?
¿Le permite trabajar bajo determinadas condiciones?
¿O simplemente le quita la mercadería?
El chaleco verde como símbolo
Los chalecos verdes terminaron convirtiéndose en algo más que una identificación institucional.
Para algunos representan fiscalización.
Para otros representan orden.
Pero para quienes viven del trabajo informal pueden representar otra cosa: la posibilidad de perder en cuestión de minutos lo que consiguieron trabajando durante horas.
Y cuando el Estado tiene todo el poder —inspectores, actas, depósitos, policías y procedimientos— frente a una persona cuyo patrimonio puede caber en un cajón de frutas, la obligación de actuar con proporcionalidad debería ser todavía mayor.
Porque una ciudad ordenada no debería ser solamente aquella donde las veredas están despejadas.
También debería ser aquella donde el Estado no necesita aplastar al más débil para demostrar que tiene autoridad.
Y si para sacar unas paltas de una vereda hacen falta quince policías, inspectores, patrulleros y un despliegue capaz de generar escenas de tensión, tal vez la pregunta ya no sea quién ocupa el espacio público.
Tal vez haya que preguntarse qué clase de Estado estamos construyendo cuando demostrar autoridad resulta más fácil frente a un vendedor ambulante que frente a los verdaderos problemas que atraviesan una ciudad.
¿Y si junto al fiscalizador hubiera también un capacitador?
Hay una pregunta que el Gobierno de la Ciudad debería responder.
¿Por qué los operativos de fiscalización no podrían estar acompañados por personal capacitado para ayudar a los vendedores a regularizar su actividad?
Si una persona está vendiendo alimentos en la calle y no cuenta con la autorización correspondiente, el Estado puede limitarse a labrar un acta y retirar la mercadería. Pero también podría hacer algo diferente: intentar convertir esa situación informal en una actividad formal.
¿Por qué no aprovechar el momento del control para explicar qué necesita ese vendedor para poder trabajar legalmente?
Un equipo podría orientarlo, por ejemplo, sobre cómo inscribirse en el monotributo, qué obligaciones fiscales tendría, cómo obtener el certificado o curso de manipulación segura de alimentos cuando corresponda y cuáles son los requisitos para acceder a una autorización o permiso para desarrollar la actividad.
Incluso podría existir un mecanismo simplificado de derivación: el fiscalizador constata la situación y, en lugar de que todo termine en el decomiso, entrega información concreta y deriva al vendedor a un área que pueda ayudarlo a completar los trámites.
¿No sería más eficiente enseñar a formalizar que simplemente decomisar?
La pregunta es especialmente relevante cuando se trata de personas que no están intentando montar una gran estructura comercial clandestina, sino generar un ingreso vendiendo frutas, alimentos u otros productos.
Porque si el Estado sabe quiénes son, sabe dónde trabajan y sabe qué actividad realizan, también podría utilizar esa información para ofrecerles un camino de regularización.
De la infracción a la formalización
El Estado tiene herramientas para controlar el espacio público. Pero también tiene herramientas para promover la formalización económica.
Entonces, ¿por qué ambas políticas tienen que funcionar por separado?
Un operativo podría tener dos componentes:
Fiscalización: determinar si existe una infracción y actuar conforme a la normativa.
Asistencia: explicar al trabajador qué debe hacer para regularizarse y facilitarle el acceso a los trámites correspondientes.
En el caso de los vendedores de alimentos, además, la capacitación en manipulación segura no debería ser vista solamente como un requisito burocrático. También puede ser una herramienta para mejorar las condiciones sanitarias de la actividad.
Y si existen permisos específicos para determinadas modalidades de venta, la Ciudad podría explicar de manera sencilla quién puede solicitarlos, qué requisitos debe cumplir, cuánto cuestan y dónde se tramitan.
La pregunta de fondo sería entonces:
¿Queremos una Ciudad que solamente persiga la informalidad o una Ciudad que también ayude a reducirla?
Porque retirar un cajón de paltas puede resolver una infracción puntual durante unas horas.
Pero si al día siguiente esa misma persona vuelve a la calle porque sigue necesitando trabajar, el problema continúa exactamente donde estaba.
En cambio, si detrás del chaleco verde hubiera también un capacitador, un orientador o un funcionario capaz de decirle al vendedor “esto es lo que necesitás para poder trabajar legalmente y te vamos a ayudar a tramitarlo”, el Estado estaría haciendo algo más que controlar.
Estaría buscando una solución.