El Gobierno porteño había licitado por cinco años una bóveda histórica para instalar un local gastronómico, un gift shop y ofrecer visitas nocturnas. Una heredera presentó un amparo y obtuvo una medida cautelar que obligó a suspender el proceso. Finalmente, la Ciudad decidió darlo de baja.
La polémica por el uso comercial de una bóveda histórica del Cementerio de la Recoleta terminó con la cancelación de la licitación impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ejecutivo porteño había llamado a licitación pública para concesionar durante cinco años la bóveda ubicada en la Sección 17, Tablón 201, con un canon base de $1,6 millones. El proyecto contemplaba la instalación de una tienda de artículos institucionales y recordatorios, un local de venta de alimentos y bebidas y un servicio de turismo nocturno con visitas guiadas y propuestas culturales, educativas y recreativas.
La apertura de ofertas estaba prevista para el 9 de septiembre, pero el proceso quedó suspendido luego de que la Justicia porteña hiciera lugar a un amparo presentado por Lucía Girado, una de las herederas vinculadas a la familia que reclama derechos sobre la bóveda.
Una familia cuestionó el procedimiento
Girado recurrió a la Justicia para pedir la nulidad del procedimiento y sostuvo que la familia nunca había sido notificada correctamente sobre la caducidad de la concesión.
El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, dictó una medida cautelar que ordenó al Gobierno porteño abstenerse de declarar la caducidad del terreno correspondiente a las sepulturas y de avanzar con una eventual licitación o remate público.
La resolución también dispuso suspender la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26.
En su resolución, Gallardo cuestionó además el destino comercial que se pretendía dar al espacio y sostuvo que “el cementerio, como bien jurídico, constituye un espacio de paz y descanso para los deudos y no un centro comercial”.
De una bóveda familiar a un espacio comercial
El proyecto había generado cuestionamientos incluso antes de la intervención judicial. En la Legislatura porteña se presentaron dos pedidos de informes para conocer los motivos y criterios utilizados por la administración de Jorge Macri para avanzar con la concesión.
Uno de ellos fue presentado por la legisladora Bárbara Rossen, de Fuerza por Buenos Aires, junto con Francisco Caporiccio y Claudia Neira. El expediente puso bajo análisis la compatibilidad del proyecto con la Ley 4977, que regula el funcionamiento de los cementerios porteños y establece restricciones a las actividades comerciales dentro de estos espacios.
La propuesta de la Ciudad no se limitaba a la venta de productos. También incluía gastronomía y actividades turísticas nocturnas, convirtiendo una bóveda situada dentro de uno de los cementerios más emblemáticos de Buenos Aires en un espacio con explotación comercial y turística.
La Ciudad reclama una deuda millonaria
Desde el Gobierno porteño justificaron originalmente el avance sobre la concesión por una importante deuda acumulada por los titulares de la bóveda.
Según la versión oficial, existía una deuda de $22.215.070 en concepto de mantenimiento correspondiente al período 2007-2026. A esa cifra se sumaban otros $15.587.653 por reparaciones realizadas por la propia Ciudad.
En total, el reclamo superaba los $37,8 millones.
El Gobierno porteño aseguró además que desde 2025 había enviado cartas documento y publicado edictos para intentar regularizar la situación y sostuvo que el procedimiento aplicado era similar al utilizado frente a otras concesiones consideradas abandonadas en los cementerios porteños.
La familia, sin embargo, sostiene una versión diferente. Afirma que adquirió el terreno en 1880 y cuestiona tanto el procedimiento administrativo como la caducidad de sus derechos sobre la bóveda.
La licitación quedó definitivamente cancelada
Con la medida cautelar vigente y el conflicto todavía abierto en la Justicia, el Gobierno de la Ciudad decidió finalmente cancelar la licitación.
La disputa por la titularidad y los derechos sobre la bóveda todavía no tiene una resolución judicial definitiva. Por ahora, el proyecto que pretendía convertir parte del Cementerio de la Recoleta en un espacio gastronómico y turístico quedó sin efecto.